Estela Ambriz Delgado
En una asamblea complicada en la que se caldearon los ánimos, comuneros disidentes de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, por mayoría de votos determinaron dejar sin efecto contratos y acuerdos que se tenían con empresarios del sector inmobiliario, así como con el Gobierno del Estado.
Dentro de la convocatoria de la asamblea llevada a cabo el pasado domingo 12 de mayo, en el punto 8 del orden del día, relativo a la rescisión o nulidad de contratos que tuviera la comunidad, se discutió convalidar un contrato de usufructo por dos mil 86 hectáreas a favor de Alejandro Tamayo, que fue firmado en diciembre de 2013 y supuestamente renovado en 2019.
Al respecto, las comuneras Amalia Pérez Campos, Angélica Castillo García y Rosa Quintero, informaron que en este punto se pretendía dar la palabra al empresario, quien se encontraba a unos metros del salón comunal, para defender el contrato, pues pretendía disolver los acuerdos con Carlos López Medina e imponer el de usufructo.
Anteriormente, los grupos empresariales de ambos se aliaron en 2017 para lograr el proyecto Reserva que luego fue “Las Cañadas”, a través de Espacios en el Horizonte. Sin embargo, los comuneros afirman que, a raíz del enfrentamiento entre los empresarios, el grupo Tamayo es apoyado por el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga y asesorado por Diego Fernández de Ceballos.
Pérez Campos indicó que también se rechazó mantener los acuerdos con el Gobierno del Estado firmados en enero de 2022, relativos al bulevar Antonio Rocha Cordero, debido al incumplimiento del mismo.
Entre los compromisos que tenía el Gobierno por la desincorporación de alrededor de 16 hectáreas, estaba el dotarles de programas sociales, centros de cómputo, becas escolares, créditos para emprendimientos, y la perforación de uno o dos pozos de agua para la comunidad.
Por su parte, Castillo García expresó que los comuneros están hartos de la manipulación de sus autoridades y de los empresarios, y como muestra de ello se dio esta votación con la que se decidió declarar ilegales todos los acuerdos con estos y el gobierno estatal.
“Nosotros vamos a decidir por nuestras tierras, y ya estuvo bueno de fraudes y mentiras. El Gobierno del Estado tampoco ha cumplido y esos acuerdos los hicieron sólo para engancharnos”.
Asimismo, en el orden del día se tocó el tema del trámite jurídico contra el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito, respecto al cual la secretaria del Comisariado de Bienes Comunales, Socorro Hernández, afirmó que ya ganaron un amparo, aunque se negó a mostrarlo.
En este tema, Rosario Quintero dijo que la secretaria les afirmó que ya estaba resuelto, pero había que pagar peritajes. No obstante, ante la falta de recursos, no lo podían concluir y por ello se pretendía que fueran pagados por los empresarios.
