Estela Ambriz Delgado
De nueva cuenta personal de la Secretaría del Bienestar y de las oficinas estatales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) pretendieron violentar la autonomía de las asambleas comunitarias, en la definición de los comités de administración y vigilancia para la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ahora en San José Pequetzen, municipio de Tancanhuitz.
Sin embrago, la comunidad defendió la elección del comité, cuestionaron a los funcionarios sobre el recorte aplicado al presupuesto, y acordaron sumarse a los amparos presentados por actos de violencia institucional que atentan contra sus derechos humanos y como pueblos originarios.
El pasado 4 de abril tuvo verificativo la asamblea comunitaria en San José Pequetzen para definir los comités de administración y vigilancia para la administración los recursos del FAIS, de acuerdo con su costumbre, haciendo uso de su autonomía y libre determinación, además de priorizar que fueran personas que vivieran en la comunidad y fuesen hablantes de la lengua tének.
Además, tomaron la decisión unánime de ampararse contra el INPI y la Secretaría del Bienestar por el recorte a su presupuesto en el cual no medió ningún acto para consultarles sobre el mismo.
Advirtieron que no aceptarán imposiciones de ninguna índole, ni del municipio ni del Gobierno del Estado y menos del Gobierno Federal.
Al respecto, Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), relató que luego de haber sido instalada la asamblea con una nutrida asistencia de población tének, con base en los lineamientos no se les permitió presidir a los servidores públicos de INPI y Bienestar, sino que se les designó un espacio al margen del presidium para que, como testigos, estuvieran atentos a los trabajos de la asamblea.
Sin embargo, luego de que una persona de la comunidad expuso los lineamientos del FAIS, y al termino se pasó a ratificar delante de los testigos institucionales a los comités de administración y vigilancia, se dio un altercado con las instituciones que fungían como testigos porque argumentaban que había algunos profesores en los comités y que la norma establecía que no debe haber servidores públicos.
Los ánimos se caldearon y de manera contundente la comunidad sostuvo que tienen personalidad jurídica y actuaban como sujetos de derecho público. Por tanto, en el ejercicio de su autonomía y libre determinación, eligieron en asamblea general comunitaria a quienes consideran conveniente, además de que la norma del FAIS no puede estar por encima de los derechos humanos y los derechos reconocidos en la Constitución, por lo que tuvieron que guardar silencio.
Asimismo, los asistentes cuestionaron molestos a los testigos de INPI y Bienestar por qué primero publicaron en el Diario Oficial de la Federación un decreto con un presupuesto y posteriormente sacaron otro modificando la formula del programa, que implica una reducción, pero que ya no deroga lo inicialmente determinado por el Gobierno Federal.
Enfatizaron que es injusta la reducción, puesto que la población indígena siempre es la que paga los errores del gobierno.
Ante el cuestionamiento, Felipe Ortega, de la Secretaría del Bienestar, informó que hubo errores en el listado inicial y que al quedar comunidades indígenas fuera del presupuesto se determinó la redistribución para atenderlas, lo que no fue aceptado por la mayoría de la asamblea por considerarlo ilegal e ilegitimo.
Finalmente, las autoridades de San José Pequetzen preguntaron a la asamblea si estaba o no de acuerdo en respaldar a las autoridades agrarias y civiles para que se emprendiera una acción legal; de manera unánime se pronunciaron por demandar el amparo contra la Secretaría del Bienestar e INPI, a fin de proteger y garantizar los derechos humanos.
