Estela Ambriz Delgado
Ante la baja cuantía de las multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en su resolutivo sobre la denuncia por el sobrevuelo de helicópteros en el Sótano de las Golondrinas, así como por la nula reparación del daño al Barrio Unión de Guadalupe, la comunidad impugnó la resolución y gestiona otras medidas para lograr una protección real del sitio, ante el ingreso ilegal de más aeronaves.
La abogada del barrio, perteneciente a la comunidad tének de Tamapatz, en el municipio de Aquismón, Rosa María Balvanera Luviano, informó que el resolutivo ya fue impugnado, debido a que, aunque reconoce un daño ambiental grave con la muerte de miles de aves, aplica una sanción mínima.
Las multas para las empresas Heliservicios Internacionales y Operadora Vallarta Park fueron de 542 mil 850 pesos y 325 mil 710 pesos, respectivamente, equivalentes a 5 mil y 3 mil UMA’s, además de un plan de mitigación ambiental y social en el Área Natural Protegida (ANP), el cual no se realizó.
Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en la misma resolución PFPA/30.1.2/01845-2025, y de conformidad con el artículo 127, fracción II, de la Ley General de Vida Silvestre, la comisión de dicha infracción puede sancionarse administrativamente con una multa de entre 50 y 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de cometerse.
Asimismo, Balvanera Luviano indicó que, como la mitigación iría en proporción al tamaño de la multa impuesta por Profepa, las medidas de reparación a favor del barrio “prácticamente son una burla”, por lo que la justicia “está lejos” en ese aspecto. No obstante, consideró positivo que el dictamen reconozca la existencia de un daño ambiental grave.
“Si se está diciendo que hay un daño grave al ambiente, no es posible que se les aplique la sanción más pequeña. Dentro de ese resolutivo faltaron algunas cosas por dirimir (…) sin embargo, después del vuelo de los helicópteros de Vidanta, al ver que las sanciones son tan pequeñas, ya se han metido otros seis helicópteros más al área natural protegida”.
Ante la situación y la urgencia de proteger el Monumento Natural, la representante y los integrantes del comité encargado del sitio se reunieron con el general Arnoldo Ríos Salas, director nacional de Seguridad Aérea de la Fuerza Aérea Mexicana, a quien plantearon la necesidad de emitir una NOTAM, es decir, un aviso a aviadores sobre zonas de protección en el espacio aéreo.
Durante la reunión abordaron la urgencia de emitir esta restricción sobre el ANP, para prohibir el sobrevuelo de aeronaves a baja altura en la zona. Sin embargo, se les indicó que la solicitud debía provenir del Poder Judicial o Legislativo, por lo que acudieron al diputado federal Francisco Javier Borrego Adame, integrante de la Comisión de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Tras conocer los hechos ocurridos en mayo de 2024, el legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a emitir una NOTAM permanente que establezca una zona de exclusión aérea o una restricción obligatoria de altura sobre el polígono del Sótano de las Golondrinas.
Asimismo, el exhorto solicita a la Fuerza Aérea Mexicana y al Centro Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo (Cenavi) integrar estas coordenadas en sus mapas de restricción para evitar sobrevuelos recreativos o de prospección no autorizados.
La abogada de Barrio Unión de Guadalupe agregó que, además de proteger el Monumento Natural y su ecosistema, esta NOTAM también beneficiaría a los habitantes, pues se han violentado otros lineamientos de la AFAC al realizar vuelos a baja altura sobre poblaciones rurales, provocando incluso el desprendimiento de techos.
Recordó además que esta gestión se solicitó inicialmente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), tras el ingreso de los helicópteros contratados por la empresa Vidanta. Incluso, dijo, existió un acuerdo plasmado en una minuta para hacer lo posible por concretar la medida.
No obstante, los constantes cambios de titular en la dependencia retrasaron el trámite y, recientemente, con Sonia Mendoza Díaz al frente, únicamente se les informó que se había enviado un oficio. La respuesta fue que, en caso de algún sobrevuelo, se acudiera a la comandancia del aeropuerto más cercano, sin que existiera seguimiento o una solicitud concreta de la NOTAM.
“La cuestión es evitar que esto siga sucediendo. Lo que decían los compañeros es que no podemos estar demandando y demandando, o presentando denuncias y querellas, contra cada helicóptero que se mete. Simplemente porque, por ejemplo, en el caso de Vidanta (…) la inequidad económica es enorme: mientras Vidanta es un monstruo con todos los recursos posibles, los compañeros tienen recursos muy limitados para sostener la búsqueda de justicia”.
Más ingresos de aeronaves
Después de los helicópteros contratados por Vidanta, se han registrado otros sobrevuelos en distintos momentos. Uno de ellos fue un vuelo de supervisión y reconocimiento en la zona Huasteca, en el que, de acuerdo con notas periodísticas, participaron los alcaldes de Aquismón y Tamasopo, así como el representante local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío González Castillo.
Aunque aparentemente el propósito era evaluar el estado de la cascada de Tamul y las cascadas de Tamasopo, además de detectar extracciones ilegales de agua o irregularidades en concesiones de riego del sector cañero, también aprovecharon el recorrido para observar el Sótano de las Golondrinas.
“Nosotros no tenemos río ni cuerpos de agua; el vuelo más bien parecía turístico”, señaló la abogada.
Relató además que, en diciembre de 2025, antes del periodo vacacional, filmaron un helicóptero aparentemente perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los hechos fueron denunciados ante la comandancia; sin embargo, la respuesta fue que posiblemente se encontraban revisando líneas de alta tensión.
“Algo de lo que estoy segura, como se lo dije al comandante, es que las líneas de alta tensión no pasan sobre el Sótano de las Golondrinas. Y se ve en el video que el helicóptero venía desde lejos; me imagino que desde la altura vieron el hoyo y se les hizo fácil darse la vuelta para asomarse (…) porque es un lugar muy atractivo, muy magnético”.
Además, Balvanera Luviano acudió nuevamente a Profepa para presentar otra denuncia, aunque le sugirieron primero constatar posibles afectaciones. Durante una inspección realizada junto con el investigador Leonardo Chapa, personal del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) y especialistas en vida silvestre de la Sedah, confirmaron que no hubo mortalidad de aves, debido a que no era periodo de anidación y las especies se encontraban fuera del sitio.
Posteriormente, durante Semana Santa, otro helicóptero sobrevoló la sierra y, al observar el “hoyo”, se acercó y permaneció dando vueltas. Con el video grabado, la comunidad acudió nuevamente a la comandancia.
En esa ocasión, les respondieron que la aeronave “estaba perdida”. Presuntamente había salido de la Ciudad de México, presentó un plan de vuelo y dejó de comunicarse. Después se supo que trasladaba turistas para visitar el Monumento Natural. Asimismo, durante la semana de Pascua se registró otro sobrevuelo, aunque a mayor altura que los anteriores.
La representante comunitaria añadió que, al detectar que una empresa ofrece recorridos turísticos en helicóptero por distintos parajes de la Huasteca, solicitaron públicamente que no sobrevuelen el Sótano de las Golondrinas ni el resto del ANP, debido a que actualmente las aves se encuentran en periodo de anidación.
Afectaciones al turismo
Balvanera Luviano también envió un mensaje a las autoridades para sensibilizarlas sobre la importancia del sitio, al señalar que se trata de patrimonio de la comunidad y que corresponde a las autoridades colaborar en su conservación.
Indicó que durante Semana Santa registraron una baja afluencia de visitantes. Incluso comentó que preguntó a algunos turistas en Ciudad Valles si habían visitado el Sótano de las Golondrinas, y estos respondieron que no, porque agencias de viajes les informaron que el lugar estaba cerrado por el periodo de anidación.
“A ver, tampoco se trata de hacerles una campaña negra a mis compañeros. Sabemos que cuando las aves están en periodo de anidación se cancelan ciertas actividades, como el descenso en rapel, pero las visitas de observación sí pueden realizarse por tierra, caminando, no en helicópteros”.
En ese sentido, destacó que el objetivo es apoyar a las comunidades que realizan turismo comunitario sustentable, del cual se benefician tanto los habitantes como los visitantes que pueden apreciar estas maravillas naturales.
También señaló que ni este paraje ni el municipio de Aquismón aparecen en la publicidad difundida por la Secretaría de Turismo, situación que ha expresado en redes sociales y que, afirmó, provocó molestia en un perfil que presuntamente pertenece a la titular de la dependencia, Yolanda Cepeda Echavarría, o a alguien cercano a ella.
En un intercambio en redes sociales, la abogada criticó las restricciones que, según dijo, se comunicaron erróneamente a los turistas, lo cual consideró una muestra de ignorancia o desprecio hacia la comunidad. Posteriormente, un perfil identificado como “Yolis Echavarría” le respondió llamándola “ignorante” y aseguró que la secretaria “ha puesto en alto a su pueblo”, mientras que quienes no han respondido son las autoridades locales.
Discriminación desde la FGR
Por otra parte, existen diversas carpetas de investigación tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República (FGR), derivadas de presuntos delitos cometidos por las empresas involucradas para facilitar el ingreso de los helicópteros y realizar filmaciones, pese a la negativa del barrio y la veda existente.
Además del desacato a la autoridad comunitaria, las empresas presuntamente falsificaron firmas de integrantes de la asamblea y del comité encargado del ANP para sostener que contaban con autorización, además de emitir declaraciones denostativas contra la comunidad.
“Cuando las empresas decían que les habían pagado a los compañeros por la película y casi los acusaban de querer sacarles más dinero, fue absurdo cómo quisieron defenderse. Pero al final salieron los contratos, las firmas falsificadas y todavía más evidencias”, afirmó la abogada.
Explicó que, respecto al delito de apropiación indebida del patrimonio cultural de un pueblo indígena con fines comerciales, la mesa especializada en delitos cometidos por personas de pueblos indígenas y afroamericanos ejerció su facultad de atracción hacia la Ciudad de México, por lo que solicitaron una reunión con el fiscal correspondiente.
Sin embargo, señaló que durante el encuentro se cuestionó si esa mesa realmente tenía facultades para investigar el caso, ya que pareciera que únicamente atiende asuntos donde las personas indígenas son imputadas y no víctimas, lo que calificó como discriminatorio. El fiscal reconoció que podría existir un conflicto y argumentó que la atracción buscaba valorar las afectaciones sufridas por la comunidad.
La representante comunitaria también consideró que fueron revictimizados, pues esta fiscalía les sugirió integrar un peritaje antropológico y anunció el envío de un perito para comprobar si realmente son indígenas y si tienen derechos sobre el Monumento Natural.
No obstante, la carpeta ha sufrido múltiples traslados. Después de la reunión fue devuelta a la Fiscalía estatal sin notificar a la abogada; posteriormente fueron llamados nuevamente para otorgarles derecho de audiencia y, hasta ahora, se desconoce el paradero actual del expediente. Ante estas irregularidades, la comunidad promovió un amparo.
“Yo creo que el amparo se va a destrabar en poco tiempo y, una vez que el juez de distrito determine quién tiene la responsabilidad de investigar, esto debería avanzar rápido, porque ya no hay mucho que las empresas puedan seguir haciendo para defenderse”.
Por otra parte, ante la demora en el envío de un perito por parte de la fiscalía, Barrio Unión de Guadalupe buscó apoyo institucional en El Colegio de San Luis (Colsan), específicamente con el doctor Mauricio Genet Guzmán Chávez, quien realizó un estudio etnográfico en el sitio durante distintos periodos y concluyó el trabajo en agosto de 2025.
El estudio documentó, desde una perspectiva sociocultural, las evidencias sobre el sistema normativo que ampara a la comunidad indígena y la violación cometida contra su territorio e identidad. El documento fue presentado a finales de 2025 ante distintas instancias, incluidas las fiscalías estatal y federal.
“A partir de que empiezan a verlo en las fiscalías, ya no supieron qué hacer y comenzaron a pasarse la responsabilidad unos a otros (…) muchas dependencias no han entendido que las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres y que, tras la reforma al artículo 2 constitucional, tienen derecho sobre su territorio y su espacio aéreo, así como al uso adecuado de sus recursos naturales. La federación está obligada a tutelar esos derechos”.
No obstante, la abogada señaló que la legislación estatal ya reconocía a las comunidades como sujetos de derecho público en el artículo 9 constitucional, aunque consideró que el Estado todavía no comprende plenamente el alcance de ese reconocimiento ni su obligación de proteger dichos derechos.
Finalmente, informó que Barrio Unión de Guadalupe también explora otras vías para acceder a una reparación integral del daño, pues sus habitantes aún no perciben justicia ni reparación efectiva, por lo que ahora recurren también a la vía civil.
