Estela Ambriz Delgado
El Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’ alerta a la población en general, principalmente a quienes habitan la Huasteca Potosina, sobre la amenaza latente del fracking para extracción de hidrocarburos; un tema del que se ha omitido consultar a comunidades indígenas, pese a que afectaría directamente a los pueblos tének y nahua.
Exponen que el Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX, presentado el 5 de agosto de 2025, menciona proyectos clave en cuencas como Sabinas, Burro-Picachos, Burgos y Tampico-Misantla. Esta última incluye la zona Huasteca, aunque no se nombra directamente la región, apunta a áreas como Miquetla, Amatitlán, Pánuco y Tamaulipas para actividades de “geología compleja”.
Explican el término suele referirse a yacimientos no convencionales como lutitas, donde se encuentra el gas esquisto, para los que la técnica de fracturación hidráulica es común. El plan mezcla conceptos como geología compleja y yacimientos no convencionales, lo que podría suponer el riesgo específico de que se aplique la técnica en mención.
Respecto a las áreas de asignación Castaña y Maguey, el colectivo precisa que se encuentran ubicadas en la cuenca petrolera Tampico- Misantla, abarcan parte de los estados de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, y cubren un área de 8 mil 781.83 kilómetros.
Castaña, con un área de mil 975.05 kilómetros, abarca los municipios de Tanquián, Tanlajás, Tamuín, San Antonio, San Vicente Tancuayalab, Ébano, Ciudad Valles, y parte del estado de Veracruz.
Maguey, con 2 mil 513.14 kilómetros en los municipios de Matlapa, Xilitla, Axtla de Terrazas, Tanquián, Tanlajás, Tampamolón, Tampacán, Tamazuchale, San Martín Chalchicuautla, San Antonio, Huehuetlán, Coxcatlán y Tancanhitz, así como otros de Hidalgo y Veracruz.
Se apunta a que estos proyectos afectan directamente a comunidades indígenas de los tres estados, particularmente a los pueblos tének y náhuatl de San Luis Potosí, que históricamente se han opuesto al extractivismo y que no han sido consultados, pues las asignaciones ya han sido decididas violando el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Simulación de una consulta
Jól Dhut’ – Timél Ja’ señaló que el Estudio de Impacto Social (EIS) para las Áreas de Asignación Castaña, Kukni, Limonaria y Maguey, cuyo objetivo es identificar grupos sociales en situación de vulnerabilidad, con énfasis en comunidades indígenas, no constituyen una consulta sino un trámite para justificar el despojo.
En relación a este documento, indican que es un texto de lenguaje especializado y controlado, cuyos significados han sido fijados por un equipo técnico que naturaliza significantes como: polígonos, áreas de asignación, vulnerabilidad, infraestructura, seguridad nacional, extracción de hidrocarburos, geología compleja.
Además destacan que en su mapeo se revela la contradicción que viven los pueblos originarios de la Huasteca Potosina, ya que por un lado se reconoce a las comunidades tének y náhuatl como sujetos de derecho, y se mencionan instrumentos como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), diseñados para el “bienestar” de estas, y por otro lado se superponen los polígonos de las asignaciones Castaña y Maguey para la extracción de hidrocarburos.
Asimismo, el colectivo precisa que el EIS de estas áreas arroja 3 mil 268 localidades indígenas en zona de influencia, 1 mil 019 cuerpos de agua en riesgo, y grupos en condición de vulnerabilidad. Además de que entre líneas connota la aceptación del extractivismo como destino inevitable, la conversión del territorio vivo en puntos de extracción.
El colectivo subrayó que los EIS elaborados por las mismas instancias que promueven los proyectos, son una consulta simulada.
“El Artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos y la ‘consulta previa’ son apenas signos que enmascaran una contradicción fundamental. Se enuncia proteger los derechos indígenas, pero las asignaciones ya están decididas. El resultado es la consulta como monólogo, no un derecho”.
También hacen mención de que, en la práctica, esto significa la invasión de los territorios indígenas y con ello su vida, cultura y sustento, ya que están en la mira de la industria extractiva.
Además de que esto evidencia el doble discurso del gobierno federal, que otorga “beneficios” asistenciales o recursos a través del FAISPIAM, mientras por otro lado imponen, sin consentimiento libre, previo e informado, proyectos de muerte que envenenan el agua, fracturan la tierra, destruyen la biodiversidad y rompen el tejido comunitario.
“No queremos su infraestructura. Queremos nuestra agua, y queremos que se vayan”.
Por ello, Jól Dhut’ – Timél Ja’ hace un llamado a la población a mantenerse informada, organizarse, y exigir que los derechos humanos y los derechos indígenas sean respetados, pues la defensa del territorio y los ecosistemas es tarea de todos.
