Comunidades indígenas exigen que se cumplimente sentencia por desacato contra el Ceepac

Estela Ambriz Delgado

Las comunidades Tének y Náhuatl de los municipios de Tancanhuitz, San Antonio y Tanlajás exigen al Tribunal Electoral del Estado (TEE) dar cumplimiento a la sentencia por desacato del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Además, piden la inclusión del tema de cambio de régimen de partidos políticos a Usos y Costumbres para elección de autoridades municipales en la consulta realizada por el Congreso del Estado en 2022.

Las comunidades de la Huasteca Potosina –que desde 2020 exigen realizar la elección de sus Ayuntamientos por vía de Usos y Costumbres– en días pasados solicitaron se cumpla con la resolución del Juicio TESLP/JDC/11/2023, publicada el 14 de agosto de 2023, en el que se declara que no fueron realizadas con la suficiente oportunidad las acciones de la Comisión Temporal de Inclusión del Ceepac para gestionar, ante el Congreso, la inclusión de dicho tema. Con ello le ordenan al TEE dar vista al Instituto Nacional Electoral de tal incumplimiento de sentencias por parte del organismo electoral del Estado.

Al respecto, estos pueblos indígenas de la entidad consideran que el desacato del Ceepac debiera implicar una inhabilitación de los consejeros que fueron responsables de omitir lo que el propio TEE y la Sala de Monterrey le ordenaron en las sentencias de los juicios JDC/15/2021 y JDC/89/2021.

En su escrito dirigido al presidente del TEE manifiestan que están decepcionados de los tribunales electorales y que las resoluciones en esencia los dejan en un estado de indefensión, más cuando, dentro de los propios tribunales, se expresaron posiciones críticas que fueron al fondo de la materia y no resultaron suficientes para que modificaran su ponencia y resolución.

“Parece inevitable que los pueblos y comunidades indígenas de nueva cuenta seamos víctimas de los partidos políticos que provocan divisiones, violencia de diverso tipo y exclusiones sistemáticas. Con las resoluciones se hace de lado nuestro derecho de gobernarnos bajo nuestro sistema jurídico y el postergarlo lo único que fomenta un modelo electoral que solo nos discrimina y usa políticamente, pero no nos garantiza nuestro desarrollo integral”.

Manifiestan que, pese a ello, continuarán insistiendo ante otras instancias legales, sin que ello implique que, en su momento, renuncien a otras vías de exigencia ante el próximo proceso electoral.

En cuanto a la solicitud de información, piden información relativa a la documentación con que se le dio vista al INE sobre el incumplimiento del Ceepac acerca de las sentencias de 2021, así como las transcripciones escritas y traducciones orales del formato de lectura ciudadana de la sentencia TESLP/JDC/11/2023 a las lenguas Tének y Náhuatl; además solicitan una copia de audios de la difusión a través de los medios pertinentes a las comunidades indígenas representadas.

Respecto al tema, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, expresó que “las y los consejeros del Ceepac hipócritamente se dan baños de pureza hablando de democracia, mientras se la niegan a las comunidades indígenas”.

De igual forma, enfatizó que las representaciones indígenas recurrieron ante diversas instancias para inconformarse de esta sentencia y que en sus dos intentos, tanto el TEE, como la Sala Superior de Monterrey determinaron sostener la sentencia del 14 de agosto; sin embrago, en los litigios no hubo unanimidad en las resoluciones que postergan el derecho de consulta indígena para validar el tránsito del Sistema de partidos, al Sistema de Usos y Costumbres en la elección municipal de los tres municipios indígenas.

En su momento, quienes se pronunciaron en contra fueron las magistradas Yolanda Pedroza Reyes del TEE y Janine M. Otálora Malassis de la Sala de Monterrey, cuyos votos particulares exhibieron la falta de apego a los principios constitucionales que tutelan los derechos indígenas, la no observancia de la jurisprudencia, ni de los criterios con los cuales los mismos tribunales han resuelto en casos como el que las comunidades indígenas demandan.

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