Estela Ambriz Delgado
Representantes de comunidades y ejidos tének y nahua de la Huasteca Potosina dirigieron un comunicado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a la opinión pública, para reiterar su rechazo al fracking, dado que se omitió consultarlos de acuerdo con la ley.
Además, le solicitan una audiencia para entablar un diálogo sobre la posibilidad que se analiza de implementar la técnica en la región.
En el documento manifiestan tener profunda preocupación y rechazo sobre las declaraciones de la mandataria que dejan entrever un giro “alarmante” en su compromiso número 75 de los 100 puntos de gobierno, en el cual se comprometió explícitamente a la prohibición de la fracturación hidráulica.
Se apunta a que, si bien la narrativa oficial sugiere que extraer gas propio es soberanía, la realidad es que la explotación de yacimientos no convencionales en México depende casi totalmente de tecnología, maquinaria, y servicios especializados de empresas estadounidenses. Sólo se desplaza la dependencia del producto a la tecnología.
Los ejidos y comunidades señalan que, a pesar de que se hable de reciclaje de agua, se necesitarán millones de litros para la primera carga, que sería extraída de los ríos de la región, además de que el reciclaje nunca es 100 por ciento eficiente y genera lodos residuales tóxicos.
Respecto a la afirmación de Sheinbaum de que el uso de gas no convencional está a discusión, sobre todo en zonas donde no haya población cercana, se indica que la Cuenca Tampico-Misantla y la Huasteca son de las zonas con mayor densidad de comunidades rurales e indígenas, donde cualquier pozo estará cerca de una fuente de agua o una comunidad agrícola, a diferencia de los desiertos de Texas.
Asimismo, se destaca la incongruencia de afirmar que hay aceptación de las comunidades, cuando no les han consultado de manera libre, previamente informada y culturalmente adecuada, como lo establece la ley en la materia.
“En vista de la omisión a la consulta indígena en tiempo y forma, hemos determinado no dar nuestro consentimiento al Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, o cualquier otra iniciativa que afecte o pueda afectar la vida, el medio ambiente, el agua, la biodiversidad, y que ponga en riesgo nuestra existencia”.
De igual forma, reiteran a la presidenta que la Huasteca no es una zona de sacrificio, es un ecosistema vivo y una cultura milenaria que merece protección, no explotación.
Puntualizan que la extracción de hidrocarburos representa una amenaza directa para el equilibrio ecológico y social de la región, pues el proyecto de Pemex afecta directamente a 3 mil 268 localidades habitadas mayoritariamente por comunidades de origen tének y nahua.
Estas poblaciones ya enfrentan barreras históricas de pobreza y marginación, por lo que la pérdida de sus medios de subsistencia tradicionales, como la agricultura de pequeña escala y el acceso a recursos naturales, agudizaría esta vulnerabilidad, empujándolos a condiciones de vida aún más críticas.
También se menciona el riesgo del colapso del sistema hídrico, dado que la extracción de hidrocarburos pone en peligro directo a 1 mil 019 cuerpos de agua, entre ríos, manantiales, y acuíferos. Además de que los procesos de extracción requieren grandes volúmenes de agua, y conllevan altos riesgos de contaminación por químicos, lo que comprometería la salud pública y la agricultura local.
Sumada la pérdida del patrimonio natural, pues la técnica devastadora afecta a la biodiversidad, que es la riqueza más importante de la zona. Se advierte también que la alteración del suelo y la degradación de los ecosistemas no son eventos aislados; forman una reacción en cadena.
El documento concluye señalando que la decisión del Gobierno Federal de avanzar con este modelo extractivista, parece ignorar el principio de soberanía territorial de los pueblos indígenas. Por ello recuerdan al Estado Mexicano que el respeto a su libre determinación no es una concesión, sino un mandato imperativo.
Las comunidades y ejidos puntualizan que la implementación de cualquier plan extractivo sin su consentimiento previo, libre e informado, violenta los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, así como el Convenio 169 de la OIT, y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
