Estela Ambriz Delgado
Autoridades indígenas, consejeros nacionales, y comités de administración del estado acordaron fortalecer su estrategia jurídica, debido al incumplimiento de la Secretaría del Bienestar para atender la suspensión dictaminada por un juez respecto a los amparos interpuestos por comunidades indígenas contra el recorte presupuestal del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
El colectivo Jól Dhut-Timel Ja’ informó que, el pasado sábado 18 de octubre, habitantes de diversas comunidades de la Huasteca Potosina y comités de administración del fondo sostuvieron una reunión en el municipio de Tancanhuitz, encabezada por autoridades indígenas e integrantes del Consejo Nacional Indígena, para analizar las acciones legales emprendidas contra el recorte a estos recursos.
Para ello contaron con el apoyo del abogado José Elías López Rocha, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien explicó a las comunidades qué es un amparo y cómo esta herramienta jurídica es fundamental para defender sus derechos colectivos contra actos de autoridad que los vulneran.
En un video compartido por el colectivo, el abogado menciona el proceso que lleva el amparo interpuesto por las comunidades, que sus implicaciones son para que no haya una disminución en los recursos que deben ministrarse, y actualmente hay una suspensión definitiva para que las autoridades que fueron señaladas como responsables de esa disminución, no apliquen el recorte.
“Eso no significa que no se los deban de ministrar, simplemente que el tema de la disminución se va resolver hasta sentencia, pero preliminarmente la suspensión es para que no se le aplique por el momento y que puedan disponer de los recursos, no para que se les suspenda y no les den nada”.
Asimismo, López Rocha explica que el desistimiento del juicio de amparo, que señalan las comunidades les ha sido propuesto por autoridades, implicaría que los derechos exigidos no podrían ser resueltos en sentencia, se aplicaría el recorte como a todos y sería como si no hubieran presentado nada.
Resaltó la importancia de mantenerse en comunicación con las autoridades de otras comunidades, así como con los abogados de la Defensoría Pública Federal, pues de esta forma se pueden enterar de cuestiones como el bloqueo de cuentas de lo que ya se tiene conocimiento de algunos casos.
En este sentido el abogado hizo mención de que están bloqueadas bajo el argumento de que existe una suspensión, pero el juez no ordenó que se suspendiera el otorgar recursos, sino que se suspendiera esa probable disminución hasta que se resuelva si procede o no.
“Si la comunidad está solicitando que el recurso les llegue de manera íntegra sin un descuento, desde mi humilde opinión así debe continuar, debe seguir defendiendo sus derechos, en el momento en que la comunidad recibe una presión y ceda, pues es en su perjuicio. La comunidad puede recibir presiones de diferente naturaleza, mientras no cedan seguimos peleando porque reciban el presupuesto sin disminución”.
López Rocha puntualizó que al bloquear la cuenta hacen caso omiso de la suspensión, por lo que se debe denunciar el incumplimiento ante el juez, para que este conmine a que se cumpla; en caso de no hacerlo, puede haber una sanción económica en contra de la autoridad, lo que da lugar a un delito.
En cuanto a la inquietud de las comunidades amparadas de la posibilidad de perder el recurso de este año, López Rocha afirmó que eso no puede suceder, porque si bien no se ha llevado a cabo su ejecución, no es algo de lo que sean responsables las comunidades, sino porque no se los han suministrado.
“No se le puede echar la culpa a la comunidad de no ejercer un recurso que no llegó o está bloqueado”.
Jól Dhut-Timel Ja’ indicó que, como resultado de esta reunión, se acordó el fortalecimiento de la estrategia jurídica para impugnar estos recortes, de acuerdo con las indicaciones del abogado asesor; exigir transparencia en su distribución y aplicación, así como mantener la unidad.
“Alzamos la voz por nuestros abuelos, por nuestros hijos y por el futuro de nuestros pueblos. Un recorte al presupuesto indígena es un recorte a la justicia, a la equidad y a la deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios”.
