Fernanda Durán
El Ayuntamiento de Villa de Pozos presentó al Congreso del Estado una propuesta para modificar su Ley de Ingresos 2025, con el objetivo de implementar un programa de estímulos fiscales dirigidos a contribuyentes que enfrentan adeudos en el impuesto predial correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
La iniciativa, suscrita por la presidenta concejal María Teresa Rivera Acevedo, contempla la adición de un párrafo a la fracción II del artículo 60 del Decreto 0131, con la finalidad de otorgar descuentos a predios urbanos, suburbanos y de origen ejidal que ya hayan sido regularizados.
De acuerdo con el documento, el programa se aplicaría a propiedades de uso habitacional, incluidas aquellas regularizadas a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) o mecanismos similares. El Ayuntamiento se compromete a emitir reglas de operación conforme a la normatividad vigente, y a canalizar los recursos recaudados hacia las necesidades sociales más urgentes del municipio.
La propuesta se justifica en la necesidad de facilitar el cumplimiento fiscal de sectores históricamente rezagados, sin condonar obligaciones, pero reconociendo condiciones sociales y económicas adversas. Entre los objetivos señalados se encuentran la reactivación económica local, la certeza jurídica sobre los predios y la mejora en la recaudación municipal.
En una reunión previa de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, encabezada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, funcionarios del Concejo Municipal expusieron la dimensión social del planteamiento.
El secretario general René Oyarvide Ibarra explicó que muchas familias, en particular personas adultas mayores, no han logrado regularizar sus predios pese a estímulos previos.
“Es un tema social, dirigido especialmente a la gente que menos tiene, a nuestros adultos mayores que no han podido regularizar su situación patrimonial. Este estímulo representa una medida de apoyo para que puedan tener certeza jurídica sobre sus predios y, al mismo tiempo, permitir al municipio contar con ingresos que de otra forma no se recaudarían”.
Las diputadas Aranzazú Puente y Dulcelina Sánchez coincidieron en que la propuesta representa una herramienta de regularización importante, particularmente en un contexto donde muchos contribuyentes enfrentaron afectaciones económicas derivadas de la pandemia.
Sánchez de Lira pidió al municipio un documento complementario con mayor precisión jurídica sobre los artículos que serían modificados, para avanzar en la elaboración del dictamen, ya que solamente habían presentado un oficio de petición.
El beneficio se aplicaría exclusivamente durante el ejercicio 2025 y requerirá que el municipio emita y difunda las reglas de operación conforme a la normatividad aplicable.
