Desiree Madrid
A través de un informe ciudadano, la activista Catalina Torres Cuevas expuso como durante el último año el Gobierno de San Luis Potosí no ha cumplido con los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en materia de inclusión y atención a personas con discapacidad.
El documento, titulado “Informe alternativo sobre la realidad de la situación de las personas con discapacidad en San Luis Potosí”, detalla una serie de omisiones que afectan directamente la vida cotidiana de este sector de la población.
El documento, señala que no se ha garantizado el abasto de medicamentos controlados esenciales como clonazepam y valproato, lo que compromete la supervivencia de personas con epilepsia y otros trastornos neurológicos.
También se denuncia la falta de especialistas en salud mental y la ausencia de servicios de diagnóstico oportuno en zonas rurales, lo que limita las posibilidades de atención adecuada para quienes viven fuera de la capital.
En cuanto a movilidad, se destaca la falta de transporte gratuito y adaptado que permita a las personas con discapacidad salir del aislamiento en sus comunidades; se critica que las banquetas continúan invadidas por vehículos y comerciantes, lo que obliga a muchas personas a arriesgar su seguridad en el arroyo vehicular. A esto se suma la negativa de algunos choferes de taxi a brindar servicio a personas en silla de ruedas, sin que existan sanciones efectivas.
El ámbito educativo tampoco escapa a las observaciones. Según el documento, no se han implementado escuelas inclusivas ni maestros de apoyo que eviten la deserción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En paralelo, la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en clínicas y centros escolares mantiene a la comunidad sorda en condiciones de incomunicación y desventaja.
El informe también resalta el rezago en materia laboral. A pesar de que la ley establece que las empresas deben incluir al menos un 2 por ciento de personas con discapacidad en sus plantillas, esta medida no se cumple ni se supervisa, lo que perpetúa condiciones de exclusión y falta de oportunidades para acceder a un empleo digno.
Las carencias se extienden al acceso a prótesis y aparatos funcionales, cuyo costo y tiempo de espera se mantienen altos; la falta de apoyos a cuidadores, en su mayoría mujeres, que abandonan su sustento para dedicarse al cuidado familiar; y la nula atención a proyectos productivos que podrían fomentar el autoempleo y la independencia económica.
El documento denuncia que las acciones contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo han quedado como “letra muerta” y acusa al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona de no mostrar interés en garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Este informe se da a conocer en la misma semana en la que el mandatario estatal presentó su cuarto informe de gobierno. El evento principal tuvo lugar el lunes en la Arena Potosí, y este jueves 25 de septiembre se replicará en el municipio de Tamazunchale, en la Huasteca Potosina.
La autora del documento, Torres Cuevas, acudió el lunes 22 de septiembre a las inmediaciones de la Arena Potosí junto con un grupo de personas para manifestarse en torno al mismo tema. Sin embargo, la entrada al recinto les fue negada debido a que portaban pancartas y cartulinas con exigencias hacia el gobierno estatal, lo que, de acuerdo con el personal de acceso, desentonaba con el desarrollo del acto.
En el informe alternativo se sostiene que las acciones impulsadas por el gobernador no han priorizado las necesidades de este sector y que, además, su situación no fue considerada dentro del informe de gobierno presentado pora autoridades estatal.
“Nada de nosotros sin nosotros”, menciona finalmente la activista en el documento.
