Leticia Vaca
El pasado jueves se cumplió un año de la activación de la alerta de género en seis municipios del Estado y durante ese periodo la Procuraduría General de Justicia del Estado registró 56 expedientes por muertes violentas de mujeres, de las cuales clasificó 36 como homicidios dolosos y 18 como feminicidios resueltos; dos muertes más por secuestro agravado.
En contraste con las cifras anteriores, de noviembre de 2015 (cuando se solicitó la activación de la alerta de género para seis municipios de la entidad) al 21 junio de 2017, fecha en que se activó, la PGJE reportó en San Luis Potosí 49 muertes violentas de féminas; 27 feminicidios y 22 homicidios dolosos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reportó 169 muertes violentas de mujeres en el Informe Especial sobre la Situación del Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el caso de Feminicidios en San Luis Potosí. En el reporte especial se sustentó la petición de la activación de la alerta de género y dichas cifras corresponden al periodo comprendido entre los años 2011 y 2015.
En el Informe Especial se especifica que para su elaboración se solicitó información a la Dirección del Registro Civil del Estado; la Procuraduría General de Justicia del Estado; la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado y al Poder Judicial del Estado, sobre los registros correspondientes de privación de la vida de mujeres en San Luis Potosí. Además la comisión realizó un seguimiento hemerográfico, en un periodo comprendido entre julio de 2011 a noviembre de 2015.
La alerta de género se decretó para los municipios de Tamazunchale, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y San Luis Potosí, sin embargo a un año en la CEDH se considera que también se debe prestar atención en los municipios de Tamasopo, Villa de Arriaga, Rioverde, Ciudad Fernández y Ahualulco, así como en la delegación de Bocas y en la comunidad de Escalerillas en el municipio de la capital.
El titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Vega Arroyo, mencionó a Rioverde como otro de los municipios donde se requiere especial atención de parte de las autoridades e hizo énfasis en que la alerta de género no debe abarcar solo ciertos municipios.
Reconoció además que muchas veces se habla de responsabilidad institucional, sin embargo “también hay casos de violencia en el propio Centro de Justicia o en el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque hemos solicitado medidas de protección o albergue para las víctimas y se ha fallado, porque no hay albergues o refugios como señala la ley”.
El Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, presidente del Sistema Estatal Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aseguró que todos los señalamientos de la Secretaría de Gobernación se han cumplido e indicó que pese a las cifras se ha avanzado.
Del informe, comentó, “se generó la alerta que estamos atendiendo; lo que ha pasado después del 2015 son temas que van acompañados a esto, pero se ha ido cumplimentando y se sigue trabajando”, dijo respecto a los feminicidios y muertes violentas acumuladas durante los tres años anteriores.
