Fernanda Durán
La iniciativa impulsada desde 2022 por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para aplicar la castración química a agresores sexuales sigue pendiente de dictamen en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, pero el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, reveló que el Legislativo ya analiza modificar incluso el nombre de la propuesta, con el objetivo de “socializarla” de mejor manera y evitar “interpretaciones erróneas” entre la población.
“Lo hemos platicado, hemos incluso pensado en cómo podemos socializar el tema de la castración química, y expertos nos han sugerido que los efectos de la misma son los mismos, pero que podemos socializarlo más cambiando el nombre de ‘castración química’. Hasta eso hay que cuidar”, declaró Serrano en entrevista.
El legislador, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que ya han sostenido reuniones con especialistas sobre el tema.
“Ese dato que les acabo de comentar —el cambio de nombre— es lo primero que me sugieren. Estamos en ese proceso”, afirmó.
La propuesta de castración química fue presentada por el grupo parlamentario del PVEM en abril de 2023 por instrucción del Ejecutivo estatal, aunque la idea fue anunciada públicamente por Gallardo Cardona desde 2022.
Desde entonces, el gobernador ha reiterado en múltiples ocasiones su exigencia para que la medida sea legislada, bajo el argumento de que representa una acción en favor de la justicia y la seguridad de las víctimas.
Sin embargo, especialistas en derechos humanos han advertido que la iniciativa podría constituir una violación a los derechos fundamentales de las personas condenadas, y han cuestionado la eficacia real del tratamiento médico —que consiste en la aplicación de fármacos para inhibir el impulso sexual— como método para prevenir la reincidencia.
Serrano reconoció que se trata de un tema “tan polémico, tan importante para el estado”, pero que es innegable que existe una demanda social frente a este tipo de delitos.
“Se ha causado un daño social importante este tipo de prácticas, que ha sido un reclamo no solamente de sectores, sino de la comunidad entera. Y creo que es importante penalizarlo con mayor energía sobre todo buscar la alternativa para que no se repita”, subrayó.
San Luis Potosí no es el único estado donde se discute una medida de este tipo. En los últimos meses, legisladores de Sonora y el gobierno de Puebla también han impulsado propuestas similares que contemplan el uso de inyecciones químicas como sanción complementaria para personas sentenciadas por agresiones sexuales; en otros países como Italia esta semana se aprobó la práctica.
En San Luis Potosí el dictamen sobre la iniciativa aún no ha sido agendado en comisiones, y su eventual aprobación dependerá tanto del consenso legislativo como del marco jurídico aplicable; mientras tanto, desde el grupo parlamentario del PVEM se plantea que incluso el lenguaje con que se presenta la propuesta será determinante para su futuro.