Fernanda Durán
Con 21 votos a favor y cinco en contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que extingue la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y transfiere sus funciones a instancias del Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de los propios sujetos obligados, en medio de acusaciones de retroceso democrático y concentración de poder.
Los votos en contra provinieron de los diputados del PAN, Rubén Guajardo Barrera, Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva, así como de las diputadas del PRI, Frinné Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina, quienes rechazaron el rediseño institucional que elimina al órgano autónomo garante de la transparencia en la entidad.
Al presentar el dictamen en tribuna, el diputado Carlos Arreola Mallol defendió la reforma como parte de un proceso de transformación institucional alineado al nuevo modelo federal, al sostener que el objetivo es redefinir la estructura encargada de garantizar la transparencia, eliminar duplicidades administrativas y fortalecer la eficiencia del sistema, con el argumento de que el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales se mantendrán bajo un esquema que, “permitirá ejercerlos” con mayor eficacia.
El legislador reconoció que la CEGAIP tuvo un papel relevante, pero que el nuevo esquema responde a un mandato político surgido tras la reforma federal.
“Lo que transforma es el diseño institucional neoliberal para tutelar estos derechos, trasladando atribuciones directamente a las instancias de control interno”, explicó, al tiempo que pidió el respaldo del Pleno para armonizar la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, desde la oposición se advirtió que la desaparición del órgano autónomo debilita uno de los principales contrapesos frente al poder público.
El diputado panista Rubén Guajardo Barrera calificó la reforma como un retroceso histórico: “Hoy, con este dictamen que está en votación, se va a dar un gran paso atrás a la democracia”.
El legislador subrayó que la creación de organismos autónomos respondió precisamente a la necesidad de garantizar independencia frente a los gobiernos.
“Fue gracias a que teníamos un organismo autónomo que transparentaba todo el recurso público, dónde, cómo y en qué se gasta cada peso y cada centavo”, y que ahora esa función quedará en manos de las propias autoridades. “¿Ante quién van a recurrir quien quiere saber dónde y cómo se está gastando cada peso del recurso público?”.
Guajardo acusó que el cambio institucional favorece la concentración del control de la información pública.
“Desde Acción Nacional decimos que no estamos a favor de esta dictadura”, declaró desde tribuna.
En contraste, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, respaldó la reforma, aunque advirtió sobre los riesgos que implica el nuevo modelo.
“La transparencia no puede depender de voluntades, debe descansar en reglas claras, controles efectivos y órganos con capacidad real de revisión”, señaló, al afirmar que el voto a favor se sustenta en la necesidad de armonizar el marco legal estatal con el federal, pero con vigilancia sobre su implementación.
El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, defendió que el nuevo modelo no concentrará la función en una sola instancia, sino que se crearán diversas autoridades especializadas en transparencia.
“Se crean los garantes en cada poder y los organismos independientes para que en total tengamos 10 organismos garantes que serán dedicados al proceso de transparentación en función de la CEGAIP”, explicó, al señalar que estas instancias asumirán las funciones que actualmente ejerce el organismo autónomo.
El nuevo esquema establece que la tutela del derecho de acceso a la información recaerá en un organismo desconcentrado sectorizado a la Contraloría General del Estado, mientras que el resto de los poderes y entes públicos asumirán directamente la responsabilidad de garantizar la transparencia a través de sus propias áreas internas.
Previo a la aprobación, la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Ruelas Gaitán, también justificó la reforma como parte de la armonización con el modelo federal y un mecanismo para reducir gastos.
No obstante, evitó confirmar si promovería la legislación secundaria para los siguientes pasos, únicamente mencionó que deberá desarrollarse posteriormente para concretar el nuevo esquema.
Pese a las críticas de especialistas y organizaciones que advierten sobre posibles riesgos de opacidad, la legisladora rechazó que la reforma implique un retroceso.
“No, yo creo que no genera opacidad. Yo creo que esto más bien genera más claridad para la ciudadanía”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que el derecho de acceso a la información se mantiene vigente, aunque bajo un nuevo diseño institucional: “El derecho a la transparencia realmente no desaparece, se reestructura y va a seguir siendo de manera responsable y clara”.
El decreto aún deberá ser aprobado por la mayoría de los ayuntamientos del estado como parte del procedimiento de reforma constitucional, y una vez emitida la declaratoria de validez y publicada en el Periódico Oficial, entrará en vigor.
A partir de ese momento, el Congreso tendrá hasta 120 días naturales para expedir la legislación secundaria que concretará la extinción de la CEGAIP, la cual continuará operando de manera transitoria hasta que se formalice la transferencia de sus funciones.
