Congreso aprueba Ley Hope con penas de hasta 6 años por causar la muerte de un animal

Fernanda Durán

Después de más de un año de lucha de colectivos animalistas, movilizaciones y recolección de miles de firmas ciudadanas, el Congreso del Estado aprobó la denominada Ley Hope, que establece penas de hasta seis años de prisión por causar la muerte de un animal, las cuales podrían alcanzar nueve años cuando existan agravantes, como prolongar su sufrimiento, utilizar métodos crueles o grabar la agresión. La modificación fue avalada con 25 votos a favor, aunque su contenido final difiere de la iniciativa ciudadana que dio origen a la discusión legislativa.

El decreto modifica los artículos 317 y 317 Bis del Código Penal estatal. Para lesiones que no ocasionen daños permanentes, la pena pasa de cinco a 12 meses a un rango de cinco meses a dos años de prisión; cuando existen lesiones permanentes, aumenta de uno a dos años a un máximo de cuatro. En los casos que provocan la muerte del animal, la sanción se eleva de dos a cinco años a un rango de dos a seis años, mientras que los actos sádicos, zoofílicos o de sobreexplotación física serán castigados con tres a seis años de cárcel.

Las reformas también incrementan las multas, que pueden alcanzar mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando el maltrato provoca la muerte, y endurecen las sanciones por abandono de animales domésticos o de compañía que ponga en riesgo su vida o integridad. En este último supuesto, la pena aumenta de 18 meses a tres años a un rango de dos a cinco años de prisión, además de una multa de 150 a 280 UMA.

La protección penal se amplía expresamente a los animales ferales, es decir, aquellos de especies domésticas que han quedado fuera del control humano y se establecen en un hábitat natural.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de agravantes que permiten aumentar hasta en un 50 por ciento las sanciones por causar la muerte de un animal, cuando se prolongue innecesariamente su agonía, se utilicen métodos crueles o sádicos, o se fotografíe o grabe la agresión, independientemente de que las imágenes sean difundidas. Además, cuando intervenga un servidor público, se contempla su inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos y participar en contrataciones gubernamentales, conforme a la legislación aplicable.

El decreto incorpora otras consecuencias que podrán imponerse según la gravedad del delito y la responsabilidad acreditada, entre ellas la prohibición temporal o definitiva de tener animales o ejercer actividades relacionadas con su cuidado, la pérdida de su custodia, el decomiso, el trabajo comunitario y la asistencia a tratamientos psicológicos o programas de control de la violencia.

Pese al incremento de las sanciones, el dictamen aprobado no recuperó íntegramente la iniciativa presentada en junio de 2025 por integrantes de Huella Amiga y otras organizaciones protectoras, respaldada por más de 23 mil firmas ciudadanas.

Los colectivos planteaban penas de cuatro a ocho años para los casos más graves, así como impedir que los responsables pudieran resolver los procedimientos únicamente mediante acuerdos reparatorios, como ocurrió con uno de los implicados en el asesinato de Hope, cuya reparación incluyó el pago de gastos de cremación y la entrega de croquetas.

La Comisión Primera de Justicia modificó ese planteamiento y estableció un máximo ordinario de seis años de prisión para los delitos más graves, aunque con agravantes que podrían elevarlo.

También quedó fuera la propuesta de modificar el artículo 110 del Código Penal para establecer la imprescriptibilidad de determinados delitos de maltrato animal. La reforma tampoco incorpora como agravante autónoma que los hechos ocurran frente a menores de edad, una de las circunstancias que habían solicitado las organizaciones.

Durante la discusión, el diputado de Morena, Carlos Arreola reconoció precisamente las limitaciones de una estrategia centrada en el endurecimiento de las sanciones. “Sabemos que el aumento de penas per se y el populismo penal no es la solución a todos los problemas sociales”, expresó desde la tribuna, al argumentar que la intención es proporcionar mayores herramientas a las personas juzgadoras para establecer castigos proporcionales a la gravedad de cada conducta.

Además, destacó que la reforma armoniza el Código Penal estatal con los cambios constitucionales federales en materia de protección animal, particularmente la prohibición del maltrato y las obligaciones del Estado para garantizar su cuidado. También se reconoció la movilización de los colectivos que impulsaron la iniciativa y participaron en el Parlamento Abierto para el Bienestar, Protección y Cuidado Animal, realizado durante el proceso legislativo.

Por su parte, la diputada Nancy Jeanine García Martínez, de Morena, respaldó la aprobación, pero planteó que la respuesta institucional debe ir más allá de las sanciones penales, al señalar la necesidad de fortalecer la educación ambiental, destinar presupuesto a refugios y desarrollar programas de esterilización, además de atender las consecuencias sanitarias relacionadas con la presencia de animales abandonados.

Desde su perspectiva, la problemática también requiere responsabilidades ciudadanas y acciones preventivas, particularmente ante los riesgos de enfermedades zoonóticas.

La legisladora consideró que la reforma representa un primer paso para atender la violencia contra los animales, aunque reconoció que todavía existe un amplio trabajo pendiente. En su intervención insistió en la importancia de aplicar efectivamente las disposiciones legales y atender las condiciones que favorecen el abandono, en lugar de limitar la respuesta pública al castigo de los casos que llegan ante las autoridades.

Marco Gama, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó que la iniciativa surgió de la movilización ciudadana tras el asesinato de Hope, una perrita golpeada y quemada en abril de 2025, y defendió la necesidad de que las sanciones correspondan a la gravedad de los hechos.

El decreto fue remitido al Poder Ejecutivo estatal y establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Su aplicación dependerá tanto de las sanciones que determinen las autoridades judiciales como de la integración de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras que las medidas de prevención, esterilización y atención a animales abandonados mencionadas durante la discusión no forman parte de las reformas penales aprobadas.