Fernanda Durán
La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, informó que la Conferencia —integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política— ya acordó solicitar los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de consultas a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad.
Rocha señaló que el único pendiente que le fue entregado en la transición de la presidencia legislativa corresponde a estas consultas, cuya organización requiere una previsión presupuestal especial.
“Ya se mandó el documento para solicitar el presupuesto. Lo único que nos detiene es eso. Ustedes saben que no es sencillo. Y menos en estas épocas que han bajado los presupuestos desde el bien federal de todas partes”, explicó.
Aunque recordó que meses atrás se estimó un monto cercano a los ocho millones de pesos para estos ejercicios, aún no se define si los recursos se habilitarán como parte de un presupuesto extraordinario o si deberán contemplarse en el Presupuesto de Egresos 2026.
“Ya hubo un acuerdo de la conferencia y ya se mandó el documento para poder gestionar, con la claridad, para que se puedan iniciar extraordinario y/o 2026 y cumplir con lo que la ley nos pide”.
En este punto, Rocha reconoció que la notificación reciente de la SCJN obliga al Congreso a precisar si el dinero ya fue o será contemplado en el siguiente ejercicio fiscal, lo que mantiene el tema en la agenda inmediata de la Legislatura.
El pasado 25 de septiembre, la Suprema Corte notificó al Congreso de San Luis Potosí nuevos requerimientos dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, así como de la Acción 67/2023.
En ambos casos, los ministros reiteraron la obligación del Legislativo local de informar sobre los avances en la organización de las consultas y de acreditar si el recurso correspondiente ya fue incluido o será considerado en el presupuesto 2026.
Además, se pidió detallar qué comisiones legislativas participan en el cumplimiento de la sentencia. La Corte apercibió a las autoridades de que, en caso de omisión, podría imponerse una multa de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
