Fernanda Durán
El exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios acusó al Congreso del Estado de actuar con dolo e intencionalidad política al no cumplir en el plazo de tres días con la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito que ordena revertir su inhabilitación, derivada de un juicio político declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista, Nava calificó como “una clara intencionalidad política” el hecho de que el Congreso argumente que no puede cumplir en 24 horas con la sentencia por los tiempos del proceso legislativo.
“Lo que van a tener que hacer es echar para atrás todo un procedimiento ilegal, inconstitucional, en donde violaron nuestros derechos fundamentales, y lo van a tener que hacer sí o sí”, declaró.
El exalcalde explicó que, si bien las y los diputados argumentan que los procedimientos legislativos requieren más tiempo, no existe impedimento real para acatar la resolución con prontitud.
Por lo tanto, advirtió que, si el Congreso sigue con la dilatación el procedimiento, acudirá nuevamente al juzgado para solicitar que se declare la inejecución de la sentencia, pues considera que ya hay elementos suficientes para acreditar la intencionalidad de los retrasos.
“Si están dilatando intencionalmente, como parece que así es, nosotros iremos de nueva cuenta al juzgado para ver si es conveniente presentar un incidente de inejecución de sentencia. Hay dolo aquí”.
Aunque el dictamen puede turnarse a la Comisión Jurisdiccional, cuestionó que se intente alargar un procedimiento que, según dijo, podría resolverse incluso en el Pleno.
Para él, el fondo del asunto no es simplemente técnico o legislativo, sino una derrota institucional.
“La Corte evidenció que violaron nuestros derechos fundamentales, que invadieron facultades del Poder Judicial de la Federación y violentaron la división de poderes”.
También señaló la existencia de “redes de complicidad” entre legisladores de distintos partidos, al afirmar que tanto en la anterior legislatura como en la actual ha habido alineación política para frenar su restitución.
“Están involucrados legisladores de todos los partidos. Hay algunos que permanecen, pero fueron otros los que actuaron en un principio. Es lo mismo: cómo se cubren unos a otros. No se necesita ser ningún experto para darse cuenta de que la oposición en el estado es una oposición absolutamente doblegada al poder”.
Sobre las posibles consecuencias jurídicas del incumplimiento, Nava recordó que el juzgado apercibió al Congreso con una multa de 230 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a 26 mil 022.2 pesos. El procedimiento puede escalar hasta la separación del cargo y la consignación penal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo.
El exalcalde precisó que, además de su caso, hay otros tres amparos en curso promovidos por exregidores y una exsíndica del Cabildo capitalino que también fueron afectados por el juicio político, y que todos podrían resolverse en el mismo sentido dada la uniformidad de los criterios de la Suprema Corte.
“Se presentaron cuatro amparos diferentes. Uno lo presenté yo, otro la síndica Alicia Vázquez, otro el regidor Alfredo Lujambio y uno más del resto de los regidores. Aunque hayamos presentado amparos separados, es el mismo juicio político, así que creo que se van a resolver en el mismo sentido”.
Finalmente, criticó que el Congreso dé mayor celeridad a iniciativas impulsadas por el Ejecutivo estatal que a una resolución derivada de un mandato judicial.
“Si las iniciativas que presenta el delincuente de Ricardo Gallardo las sacan en dos días, entonces esta, que es un mandato de la Suprema Corte, deberían de darle la misma atención”, reclamó.
