Texto y fotografías de Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este martes, en sesión ordinaria, la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado para tipificar como delito las llamadas “terapias de conversión” o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género (ECOSIG).
La medida, celebrada por integrantes de la comunidad LGBTIQ+ presentes en el Pleno, fue aprobada por unanimidad con 23 votos a favor y ninguno en contra, luego de una discusión en la que todas las bancadas expresaron su respaldo a la iniciativa, aunque ningún integrante del PAN participó en el debate, luego de los intentos de confrontación por parte del diputado morenista Carlos Arreola Mallol, quien criticó la discriminación a la comunidad LGBTIQ+ por parte de partidos políticos de derecha.
Entre las consignas que acompañaron la votación se escucharon frases como “Amar no enferma, odiar sí mata”, mientras desde las butacas se aplaudía la decisión legislativa que coloca a San Luis Potosí entre las entidades que armonizaron su legislación con la reforma federal aprobada en 2024.
De acuerdo con el dictamen aprobado por las comisiones unidas de Justicia y Salud, se adiciona al Título Cuarto del Código Penal el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, con los nuevos artículos 190 Bis y 190 Ter, así como el artículo 380 Ter a la Ley de Salud del Estado.
El artículo 190 Bis establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil unidades de medida y actualización (UMA) para quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Las sanciones se duplicarán cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores o con discapacidad, y podrán sustituirse por amonestación o apercibimiento si los responsables son padres, madres o tutores.
También se agravan las penas cuando exista relación laboral, docente, médica o de subordinación, o cuando el agresor sea servidor público o ejerza violencia física o psicológica, imponiéndose además destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El artículo 190 Ter dispone que para determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad, deberán solicitarse dictámenes psicológicos y médicos especializados; en caso de omisión del Ministerio Público, este será sancionado. Si el agresor no garantiza la atención médica o psicológica requerida, el Estado deberá asumir la reparación y tratamiento de las víctimas.
En la Ley de Salud, el nuevo artículo 380 Ter prohíbe expresamente que profesionales de la salud, técnicos o auxiliares realicen, promuevan o financien prácticas médicas o terapias que busquen modificar la orientación o identidad de género, imponiendo suspensión del ejercicio profesional de uno a tres años además de las sanciones penales.
En el dictamen sostienen que la reforma responde al principio de congruencia normativa, dado que el Congreso de la Unión reformó el Código Penal Federal en 2024 para sancionar los mismos actos, y que los estados están obligados a armonizar su legislación para garantizar su aplicación local.
El texto aprobado se apoya en los artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de México, y en tratados internacionales de derechos humanos, reafirmando que la orientación sexual y la identidad de género forman parte del libre desarrollo de la personalidad protegido por la ley.
Durante la sesión, el ambiente fue de celebración. Integrantes de colectivos y activistas ondearon banderas del arcoiris y de la diversidad desde las butacas para reconocer la aprobación como un hecho histórico para el estado. “Amar no enferma, odiar sí mata”, coreaban en alusión a las prácticas de tortura psicológica que esta ley busca erradicar.
La diputada presidenta de la Comisión de Salud, Frinné Azuara Yarzábal, agradeció el acompañamiento de los grupos de la diversidad sexual, pues la iniciativa fue construida con aportaciones de especialistas, colectivos y organismos de derechos humanos.
Aunque las bancadas de Morena, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano intervinieron con mensajes de respaldo, el PAN optó por no participar en tribuna.
