Fernanda Durán
Con 20 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para incorporar la llamada “Legítima Defensa con Perspectiva de Género”, una modificación que busca ajustar el análisis jurídico de mujeres que, en contextos de violencia física, sexual o feminicida, lesionen o priven de la vida a su agresor al intentar protegerse.
La reforma, impulsada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín a partir de la propuesta ciudadana conocida como Ley Alina, modifica el artículo 28 del Código Penal del Estado para establecer criterios específicos cuando una mujer invoque defensa propia frente a agresiones vinculadas con violencia de género.
Aunque el dictamen retomó el objetivo central de la iniciativa, la Comisión Primera de Justicia realizó ajustes tras una opinión técnica de la Fiscalía General del Estado, que respaldó la necesidad de actualizar el enfoque legal, pero advirtió posibles redundancias con figuras ya previstas en la legislación vigente.
La redacción aprobada presume legítima defensa —salvo prueba en contrario— cuando una mujer cause daño a su agresor en un contexto con antecedentes de violencia de género, obligando a que autoridades ministeriales y judiciales valoren el historial de violencia, el riesgo para su vida o integridad, así como factores de miedo, terror o confusión al momento de responder.
Además, la protección se extiende a terceros que intervengan para defender a una mujer ante una agresión física, sexual o feminicida, y establece que no se considerará exceso en la defensa cuando la reacción ocurra bajo afectaciones emocionales derivadas de ese contexto de violencia.
La Ley Alina surgió primero en Baja California, donde fue aprobada en 2023 tras el caso de Alina Narciso, y desde entonces ha servido como referencia para reformas similares en otras entidades que buscan incorporar perspectiva de género en legítima defensa para mujeres víctimas de violencia.
Hasta 2025, además de Baja California, congresos o legisladores en estados como Puebla, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y ahora San Luis Potosí han impulsado o discutido versiones propias.
