Fernanda Durán
El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos 2026 por 70 mil 461 millones 070 mil 275 pesos, un aumento de 7.47 por ciento respecto a 2025.
La votación de 25 a favor y una abstención de la diputada Nancy Janine García, confirmó un paquete con modificaciones relevantes respecto a la propuesta del Ejecutivo: se redujo la aportación estatal prevista para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se otorgaron recursos adicionales al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y se reasignaron 300 millones de pesos al sector salud.
Más allá del incremento global, el presupuesto aprobado mantiene la lógica de contención de los últimos años. La mayoría de los poderes y organismos autónomos operarán con montos similares a los de 2025, pese a presiones inflacionarias
El Congreso operará en 2026 con 326 millones 719 mil 245 pesos, prácticamente lo mismo que ejerció en 2025 tras la adecuación de noviembre de 327 millones 103 mil 150 pesos.
Aunque el Legislativo había solicitado 340 millones de pesos, el incremento no prosperó y la mayor parte del gasto continúa concentrada en servicios personales.
Con este techo presupuestal, el Congreso nuevamente carecerá de suficiencia para organizar consultas ciudadanas o mecanismos de participación establecidos en la ley, pese a haberlos anunciado como compromisos del periodo ordinario.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) se mantiene en la misma lógica de estabilidad acotada: 305 millones de pesos, apenas por encima de los 303 millones ejercidos en 2025, suficientes únicamente para cubrir obligaciones laborales, servicios básicos y sentencias.
El Poder Judicial tendrá un presupuesto de 1 mil 371 millones 857 mil 396 pesos, ligeramente superior al monto aprobado en 2025, de 1 mil 350 millones, pero debajo de los recursos ejercidos tras la adecuación extraordinaria de noviembre, cuando alcanzó 1 mil 459 millones debido a los costos de implementación de la reforma judicial.
Para 2026 regresa a un nivel de operación ordinaria, con incrementos previstos únicamente para seguridad social, prestaciones, cumplimiento de sentencias y servicios básicos.
La propuesta original del Ejecutivo destinaba 253 millones 559 mil 067 pesos para autoridades electorales y prerrogativas, una reducción considerable frente a los 354.7 millones ejercidos en 2025 por el proceso extraordinario derivado de la reforma judicial.
Durante la dictaminación, la Comisión de Hacienda aprobó 25 millones de pesos adicionales para el Ceepac, con el argumento de que el organismo requiere suficiencia presupuestal para iniciar el proceso electoral 2026–2027 sin riesgos operativos.
Aun con el incremento, el presupuesto final de 278 millones 559 mil 067 queda por debajo de los 407 millones 767 mil 818 pesos que el organismo había solicitado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibirá 49 millones 445 mil 193 pesos, apenas dos millones por encima de su presupuesto de 2025, suficientes únicamente para cubrir servicios personales y compromisos básicos.
El Tribunal Electoral del Estado también recibió un ligero aumento de 1.5 millones de pesos respecto a los autorizados para este año y los propuestos por el Ejecutivo, quedando en 32 millones 500 mil.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) nuevamente operará con 25 millones 060 mil 259 pesos, un monto muy inferior a los 92 millones solicitados por el organismo para cumplir obligaciones de transparencia y una eventual transición institucional.
Uno de los ajustes más relevantes del dictamen es la modificación a la aportación estatal para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aunque el Ejecutivo había planteado otorgar 506 millones 155 mil 546 pesos —la cifra más cercana en años al nivel establecido en el Convenio Marco Federación–Estado—, la Comisión de Hacienda redujo el monto a 320 millones de pesos, un aumento ligero respecto a los 300 millones de 2025.
La decisión se justificó en la falta de información suficiente sobre el destino del gasto universitario, pese a que la aportación federal, que constituye la mayor parte del presupuesto de la institución, está sujeta a reglas federales de distribución por matrícula.
Sumando recursos estatales, federales y propios, el Congreso estima que la UASLP operará con cerca de 3 mil millones de pesos en 2026, aunque la cifra dependerá del convenio de colaboración que aún no ha sido formalizado.
La Fiscalía General del Estado mantendrá su presupuesto de 1 mil 400 millones de pesos, la misma cifra de 2025. Sin embargo, deberá generar una reserva de 4 millones 696 mil 305 pesos para financiar la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y por Particulares, conforme a lo establecido en los artículos transitorios del decreto.
Las transferencias municipales aumentarán 770 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6.64 por ciento respecto al ejercicio anterior.
El sector salud fue uno de los pocos en recibir un ajuste directo por parte del Congreso. Debido a la disminución general de recursos federalizados durante la transición a IMSS-Bienestar, los legisladores reasignaron 300 millones de pesos adicionales al presupuesto estatal para garantizar continuidad operativa y cubrir obligaciones inmediatas del sistema local.
Se mantiene también la partida de 194 millones de pesos para atender insuficiencias del subsistema de telesecundarias, tal como se ha hecho año con año.
El paquete aprobado prevé 159 millones de pesos para hacer frente a posibles créditos fiscales con el SAT y el ISSSTE, a fin de evitar afectaciones automáticas a participaciones federales del estado.
Todos los poderes, organismos autónomos y dependencias deberán ajustar sus remuneraciones al límite constitucional establecido en el artículo 127 federal, lo que impide que cualquier servidor público perciba ingresos superiores al titular del Ejecutivo estatal.
El paquete también contempla recursos para emergencias, indemnizaciones patrimoniales y fondos especiales de operación.
En cuanto a la abstención de la diputada Nancy Jeannine García, de Morena, cuestionó la falta de equilibrio en la distribución del gasto educativo y electoral.
Explicó que su decisión obedeció a que “no estoy de acuerdo en el tema de algunas disparidades o como no está muy parejo, muy equilibrado el tema de un presupuesto destinado a ciertas instituciones educativas”.
Añadió que, aunque oficialmente se reportó que la UASLP recibió un incremento del 6.7 por ciento, “la realidad es que yo tengo de conocimiento otros datos”, y puso como contraste que “en el tema del Ceepac, que hubo un aumento incluso, entonces otras instituciones educativas igual se quedaron igual”.
Por ello, resumió que “en lo personal no vi justo y equitativo cómo quedó al final el tema de la Ley de Presupuesto de Egresos”.
