Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la minuta de reforma al artículo 127 de la Constitución federal que establece límites a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos, convirtiéndose en el tercer estado del país en avalar esta modificación.
La votación se realizó en sesión extraordinaria convocada este jueves, luego de que el dictamen fuera analizado en comisiones apenas 30 minutos antes de su discusión en el pleno.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como parte del proceso del Constituyente Permanente, plantea que las jubilaciones y pensiones de funcionarios de confianza y de entidades públicas —incluidos organismos descentralizados, empresas del Estado y fideicomisos— no deberán exceder la mitad de la remuneración anual de la persona titular del Ejecutivo correspondiente.
Durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Carlos Arreola Mallol explicó que esta medida busca establecer un límite al gasto público destinado a estos esquemas, bajo el argumento de que actualmente existen pensiones que superan ampliamente los ingresos promedio financiados con recursos públicos.
“Lo que propone la minuta en comento es establecer (…) que las jubilaciones o pensiones (…) no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo en el presupuesto correspondiente de ese año”, se expuso durante la sesión.
El dictamen también precisa una serie de excepciones. Quedarán fuera de este límite las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de cuentas individuales de ahorro para el retiro, aquellas financiadas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios, así como las pensiones no contributivas vinculadas a programas sociales.
En el documento aprobado se argumenta que esta reforma responde a la necesidad de garantizar la “racionalidad presupuestaria” y evitar que recursos públicos se destinen a pensiones consideradas desproporcionadas, particularmente en sectores paraestatales donde, según el diagnóstico incluido, se han registrado casos con montos elevados en instituciones como Pemex, CFE o la banca de desarrollo.
Además, se establece que, una vez que la reforma entre en vigor, todas las pensiones que excedan el nuevo límite deberán ajustarse, lo que ha abierto el debate sobre una posible aplicación retroactiva. Al respecto, en la comisión se sostuvo que existen criterios de la Suprema Corte que permiten que las reformas constitucionales incidan en situaciones jurídicas previas.
No obstante, el propio dictamen subraya que la medida no busca eliminar el derecho a una pensión, sino fijar parámetros máximos para aquellas financiadas con recursos públicos, bajo los principios de austeridad, proporcionalidad y responsabilidad hacendaria.
El documento también establece que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deberán adecuar sus marcos normativos para armonizarlos con esta disposición, lo que implicará futuras reformas a leyes secundarias en materia de pensiones y gasto público.
La aprobación de esta minuta se da en un contexto nacional en el que el Ejecutivo federal ha señalado el alto costo que representan algunas pensiones en empresas productivas del Estado y organismos financieros públicos, al advertir que estas prestaciones llegan a representar millones de pesos con cargo al erario.
Con este aval, el Congreso local se suma al proceso de validación constitucional que requiere la reforma para su entrada en vigor a nivel nacional.
En el marco de la aprobación de la minuta, el diputado coordinador parlamentario del Partido Verde Héctor Serrano respaldó el sentido de la reforma al señalar que responde a una demanda de reducir pensiones que considera excesivas y financiadas con recursos públicos.
Sostuvo que “se tienen que reducir las pensiones que estrangulan” y en algunos casos “han encontrado un jugoso negocio en esa condición”, al tratarse de erogaciones que provienen “del esfuerzo y el trabajo de los mexicanos”.
No obstante, el legislador amplió su crítica más allá de la reforma constitucional y la se lanzó contra el uso de recursos en instituciones públicas como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde cuestionó la falta de transparencia en el manejo del gasto.
“¿Dónde se está yendo el dinero que emana (…) de los bolsillos de los mexicanos?”, planteó, al tiempo que rechazó que la autonomía sea argumento para evadir la rendición de cuentas: “no se puede argumentar la autonomía cuando tratas de evadir tu responsabilidad en el ejercicio de ese tipo de recursos”, insistiendo en que es momento de “alinear y comprometer a todos” bajo principios de legalidad y transparencia.
