Fernanda Durán
Ante los recientes hechos de violencia registrados en San Luis Potosí —como el ataque a elementos estatales en Villa Juárez y la detención de un mando policial en Matehuala—, en el Congreso del Estado se impulso un punto de acuerdo para exigir a los ayuntamientos mejorar las condiciones laborales de sus corporaciones policiacas.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, promovió un exhorto dirigido a los 59 municipios para que informen sobre los avances en el cumplimiento del salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para policías municipales. Esta medida se presume que busca dignificar su labor y reducir riesgos de corrupción o infiltración del crimen organizado.
De acuerdo con la propuesta, los ayuntamientos deberán detallar las acciones, proyectos y medidas que han implementado, o están en proceso de ejecutar, para garantizar esta remuneración, establecida previamente mediante una reforma aprobada por el propio Legislativo.
El legislador recordó que este piso salarial fue definido como parte de una estrategia para dignificar la labor policial y fortalecer la seguridad pública en la entidad, en un contexto donde persisten retos operativos y de confianza institucional.
En ese sentido, subrayó que el cumplimiento no es opcional para las autoridades municipales.
“Esta disposición no es una aspiración, sino un mandato constitucional y legal que vincula directamente a los ayuntamientos, obligándolos a realizar los ajustes normativos, administrativos y presupuestales necesarios para su cumplimiento”.
El punto de acuerdo también plantea que los municipios analicen y destinen mayores recursos para la profesionalización de sus cuerpos policiacos, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta institucional ante hechos delictivos recientes.
Badillo Moreno advirtió que no cumplir con estas obligaciones tiene efectos más amplios que lo administrativo, al señalar que “el incumplimiento de esta obligación no solo vulnera el derecho de los policías a una remuneración justa, sino que también debilita la capacidad institucional de los municipios para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.
Además, alertó sobre posibles implicaciones a nivel de derechos humanos y confianza pública, al sostener que esta situación “coloca al Estado en riesgo frente a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos laborales y genera un ambiente de desconfianza hacia las instituciones”.
