Fernanda Durán
El Congreso del Estado analiza contratar a la empresa encuestadora De las Heras Demotecnia para realizar las consultas pendientes que le ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que no prosperara la posibilidad de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se encargara del proceso.
El diputado Héctor Serrano Cortés, integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que el Poder Legislativo prevé recurrir a una empresa especializada para organizar los ejercicios de consulta que forman parte del cumplimiento de diversas acciones de inconstitucionalidad.
“Lo vamos a hacer a través de una empresa que haga la consulta, una empresa obviamente con el prestigio suficiente”.
El legislador indicó que el Congreso ha sostenido comunicación con asesores de la Suprema Corte para definir los elementos metodológicos que deben integrar las consultas, con el fin de evitar que el proceso vuelva a ser impugnado.
“Hemos hablado con los asesores que se encuentran en la Suprema Corte, quienes nos han orientado de manera extraordinaria (…) respecto a los elementos que debe contar el trabajo que vamos a realizar a través de la consulta y yo creo que estaremos en tiempo y forma cumpliendo cabalmente con lo que estamos obligados por la ley”.
Aunque aún no existe una contratación formal, Serrano mencionó como posible opción a la casa encuestadora Demotecnia, dirigida por Rodrigo Galván de las Heras.
“No la hemos definido, pero hay varias empresas que tienen prestigio. Si a mí me preguntan, la propuesta que yo haría sería la de Rodrigo de las Heras, Galván de las Heras”.
De concretarse esta opción, la empresa sería responsable de diseñar y ejecutar el ejercicio consultivo, particularmente en lo relacionado con la definición del universo de participantes y la aplicación de los instrumentos de consulta.
El legislador afirmó que el objetivo de recurrir a una empresa externa es reducir el gasto público y garantizar que el proceso cumpla con los estándares exigidos por el máximo tribunal.
“Lo que tratamos es de bajar el gasto (…) para que el gasto que se utiliza no es un gasto que vaya a la basura como sucedió precisamente en el pasado proceso”.
Sin embargo, reconoció que el Congreso aún no cuenta con un techo presupuestal definido para financiar estos ejercicios, por lo que “lo vamos a buscar. Tenemos que pedirlo y haremos lo necesario para obtener el recurso y subsanar este tema”.
Las consultas derivan de sentencias de la Suprema Corte que invalidaron diversas reformas aprobadas por el Congreso en la pasada legislatura por no haber sido sometidas previamente a consulta con los sectores afectados.
Uno de los casos corresponde a la acción de inconstitucionalidad 67/2023, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que la Corte ordenó realizar una consulta a personas con discapacidad antes de legislar nuevamente sobre educación inclusiva en la Ley de Educación del Estado.
Además, el Congreso también debe organizar consultas derivadas de la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relacionadas con la reforma electoral estatal, que fue invalidada parcialmente por falta de consulta a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.
En el caso de la acción 67/2023, la Suprema Corte otorgó recientemente al Congreso un plazo de 20 días para informar avances concretos en el cumplimiento de la sentencia.
Serrano sostuvo que el Poder Legislativo buscará cumplir dentro de los plazos establecidos por el tribunal constitucional.
