Fernanda Durán
En sesión privada, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este sábado dejar sin efectos los acuerdos de la LXIII Legislatura relacionados con el juicio político que inhabilitó por 18 años al exalcalde capitalino, Xavier Nava Palacios, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista, el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, confirmó que la decisión obedece estrictamente a lo mandatado por el máximo tribunal del país.
“Es insubsistente, simplemente deja insubsistente el acuerdo de la anterior legislatura en torno a esta persona y ya, cumplido”.
El legislador precisó que el Congreso ha mantenido comunicación formal con la SCJN sobre cada paso dado en este proceso:
“Se le ha estado informando a la Corte de manera formal, cada proceso que se ha llevado para estar en el cabal cumplimiento de la sentencia emitida”.
Además, Serrano subrayó que no existe margen para evadir la determinación judicial.
“Recuerden ustedes que es un ordenamiento, no hay forma de que se evada esa responsabilidad, es cumplimiento cabal a la propia ley”.
Al ser cuestionado sobre los alcances de la resolución, reiteró que lo aprobado únicamente deja sin efectos lo determinado por la legislatura anterior, y evitó pronunciarse sobre la restitución de derechos políticos de Nava.
“Lo que hicimos nosotros fue dejar insubsistente lo que en su momento se presentó por parte del Congreso. Yo ya no me metería en el tema de sus derechos políticos y demás, el tema fundamental es el cumplimiento cabal de la propia corte. Ya, cerrado”.
El procedimiento corresponde a la sentencia del amparo en revisión 91/2024, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que el Congreso del Estado incurrió en violaciones constitucionales al sancionar con la inhabilitación a Nava y a miembros de su Cabildo (2018–2021), por lo que ordenó dejar sin efectos la resolución. Con esta votación, el Legislativo potosino busca cerrar un proceso heredado.
El juicio político contra Nava Palacios y su Cabildo tuvo origen en acusaciones de que, como alcalde de la capital potosina, incurrió en violaciones graves a derechos humanos y en omisiones administrativas, al continuar con la construcción de un puente sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero pese a la existencia de una suspensión judicial promovida por ejidatarios del núcleo agrario Rancho Viejo La Libertad, que derivaron en la sanción de inhabilitación impuesta por la LXIII Legislatura.
Además del exalcalde, fueron castigados la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, con 15 años de inhabilitación; el presidente interino Alfredo Lujambio Cataño, con 12 años; así como ocho regidores que recibieron sanciones de cinco años. La mayoría ellos mantienen procesos jurisdiccionales pendientes, pues promovieron amparos individuales que continúan en revisión, uno de ellos en la SCJN.
