Fernanda Durán
Sin discusión en tribuna ni posicionamientos como los que suelen acompañar otras reformas, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para endurecer las penas en el Código Penal del Estado contra los delitos de daño en las cosas cuyo medio de comisión sea por incendio.
El dictamen, aprobado con 26 votos a favor, establece aumentos significativos en las penas de prisión y sanciones económicas para quien cause daños a infraestructura, bienes públicos, recursos naturales o zonas ecológicas.
La reforma se avaló este martes sin requerir opinión técnica de otras instancias, como sí ocurre con la mayoría de las propuestas que llegan al Legislativo.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del artículo 235; se propone que la pena de prisión pase de tres a diez años a cinco a diez años. La sanción pecuniaria se mantiene de 300 a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quienes cometan este tipo de delitos.
El artículo 236 introduce un aumento en las sanciones cuando el daño se cause por medios como inundaciones, incendios, sustancias peligrosas o explosivos, elevando la pena de prisión a entre siete y 15 años, además de la multa que pasa de entre 300 y mil días a 500 y mil días valor de la UMA.
En materia ambiental, los artículos 294 al 299 incorporan penas más severas para delitos como el vertido de residuos de construcción, destrucción de ecosistemas, tráfico de recursos forestales, tala ilegal y extracción no autorizada de materiales naturales.
Por ejemplo, quien descargue o deposite hasta tres metros cúbicos de residuos de la industria de la construcción, la pena de prisión pasará de uno a cinco años a cuatro a 15 años de prisión; provocar incendios en predios baldíos o zonas de matorrales puede alcanzar la misma pena.
Las penas previstas se aumentarán en una mitad cuando el área afectada sea igual o mayor a una hectárea o se afecten recursos forestales maderables en una cantidad igual o mayor a mil metros cúbicos rollo total árbol.
Aunque la iniciativa fue aprobada en un mes, especialistas en criminología han advertido que este tipo de reformas pueden agravar la criminalización de sectores vulnerables. La medida podría impactar a personas en situación de calle o jóvenes sin hogar, en lugar de atender las causas estructurales del problema como la falta de espacios seguros o programas de salud mental y adicciones.
Un ejemplo de estas situaciones ocurrió recientemente en Soledad de Graciano Sánchez. El coordinador estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que los incendios recurrentes en una tarimera abandonada de la colonia Valentín Amador podrían estar vinculados a jóvenes que ingresan a consumir sustancias.
Incluso señaló que en un solo día se registraron tres intentos de incendio en el predio. Las autoridades municipales ya integran un Informe Policial Homologado para abrir una carpeta de investigación.
La reforma al Código Penal fue presentada por el Ejecutivo como respuesta a los incendios forestales y urbanos ocurridos en la entidad, y se enmarca en una narrativa de “mano dura” frente a delitos ambientales.
Legisladores encargados de su análisis como la diputada del PVEM, María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, han presumido que con estas reformas se busca proteger el medio ambiente, e incentivar prácticas responsables en sectores sociales y económicos.
