Fernanda Durán
Desde abril de 2025, el Congreso del Estado ha dejado de publicar sus reportes mensuales de ingresos y egresos en la Plataforma Estatal de Transparencia (PETS), lo que representa un incumplimiento a la obligación legal de difundir periódicamente información financiera sobre el ejercicio del presupuesto público.
De acuerdo con una revisión realizada en la PETS hasta este 4 de agosto, los últimos registros disponibles corresponden al primer trimestre del año, con datos de enero, febrero y marzo. La ausencia de información posterior impide consultar el archivo de egresos correspondiente a la fracción IV B del artículo 84, el cual debe detallar de manera mensual el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario responsable de autorizar cada movimiento de recursos.
Esta omisión representa una violación a las disposiciones vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas, además de reflejar un retroceso institucional en un momento en que el propio Congreso discute la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) como parte del proceso de armonización legal, derivado de la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica.
La falta de cumplimiento no es un hecho aislado. En los primeros meses del año, el Poder Legislativo ya había incurrido en retrasos. Los reportes correspondientes a enero y febrero fueron publicados de manera extemporánea el 27 de marzo, mientras que el informe de marzo se subió hasta el 11 de abril, fuera del plazo legal que establece el día 10 de cada mes como límite para su difusión.
La omisión sostenida desde abril impide conocer el uso actual del presupuesto aprobado para el Congreso del Estado, lo que obstaculiza la vigilancia ciudadana sobre el manejo de recursos públicos, incluyendo conceptos como contratación de personal, asignación de recursos a comisiones legislativas, servicios generales y partidas extraordinarias.
Además de los reportes financieros, el Congreso del Estado también ha incumplido con otras obligaciones de transparencia contempladas en el artículo 84 de la ley estatal, por ejemplo, en el apartado XI A, relativo a la publicación del tabulador de sueldos y salarios, sólo se han difundido los archivos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, sin actualización alguna para los meses siguientes.
En el caso del apartado XI, referente a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, la información ha sido publicada de forma extemporánea: el reporte de enero se subió hasta el 21 de febrero; el de febrero, hasta el 11 de abril; el de marzo, el 15 de abril; y el de abril, el 22 de mayo.
Aunque la plataforma estatal registra porcentajes de cumplimiento cuantitativo mensuales, estos no reflejan la calidad o vigencia de la información, y muestran además una tendencia a la baja: de 99.06 por ciento al inicio del año, descendió a 77.36 por ciento en el mes de junio, según el último corte disponible.
Hasta ahora, el Congreso no ha emitido ninguna explicación pública sobre las causas del retraso ni ha ofrecido un calendario para regularizar la publicación de esta información, pese a que es una de las obligaciones de transparencia comunes para todos los entes públicos conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
