Astrolabio

María José Puente Zavala

Entre enero y marzo de 2022, el Congreso del Estado de San Luis Potosí pagó 174 mil 348.92 pesos a una empresa que aglutina diversos medios de comunicación en la huasteca potosina, pese a que en ella tiene participación el diputado René Oyarvide Ibarra.

De acuerdo con el listado de egresos correspondiente al mes de enero, el Congreso emitió los cheques 2908, 2913, 2906 y 2907 a nombre de Letras e Impresiones de San Luis Potosí  S.A. de C.V., por concepto de difusión del trabajo legislativo en el Periódico El Sur, el Mañana de Valles y Zona Media; entre 1 y el 31 de diciembre de 2021.

Al Periódico El Sur se le pagó la cantidad de 20 mil pesos, mientras que Zona Media cobró 22 mil 500 pesos y El Mañana de Valles, por el mismo servicio y en el mismo período de tiempo, cobró 72 mil 500 pesos, en dos exhibiciones, una de 60 mil y otra de 12 mil 500.

Meses más tarde, en marzo de 2022, Letras e Impresiones de San Luis Potosí cobró los cheques 3318, 3319 y 3320, esta vez para difundir, en El Mañana de Valles, las convocatorias para elegir al titular de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), para entregar la Presea al Mérito Plan de San Luis y para los foros de consulta relacionados con la Reforma Electoral.

Por esos tres servicios, la empresa cobró un total de 59 mil 348.92 pesos.

El conflicto de interés

En su declaración de intereses, el propio René Oyarvide, representante del distrito XII por el Partido del Trabajo, establece que tiene una participación como comisario en Letras e Impresiones de San Luis Potosí S.A. de C.V., pero además indica que es el representante legal de dicha empresa y que por ese trabajo percibe la cantidad de 12 mil 786 pesos mensuales.

Más aún, Oyarvide Ibarra integra la Junta de Coordinación Política en representación de su partido, un órgano en el que, de acuerdo con el acta No. 9, del 18 de noviembre de 2021, se aprobó el acuerdo JCP/LXIII-I/060/2021, “para que la Lic. Jazminne Yoali Andrade Pliego, Coordinadora de Comunicación Social, pueda suscribir los convenios de colaboración que en materia de comunicación y divulgación legislativa celebrará con los principales medios de comunicación de las zonas del estado”.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad –que en 2015 impulsó la iniciativa 3de3 para promover que candidatos a puestos de elección popular transparentaran sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses–, una declaración de interés “permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario”.

También establece el IMCO que “hacer pública esta información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares”.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”; es decir que, en el caso de Oyarvide, cabe dudar si aprobó el contrato con la empresa que representa porque es la mejor oferta o porque es su representada.

En su artículo 57, la Ley establece que “incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal”.

También indica la norma que al tener conocimiento de que está en riesgo de incurrir en un conflicto de interés, “el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o el órgano que determinen las disposiciones aplicables de la institución de adscripción, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos”.

Contrario a lo que establece la Ley, Oyarvide estuvo presente en la sesión del 18 de noviembre de 2021, votó para aprobar la contratación de la empresa que representa en los términos expuestos en el acuerdo, e incluso firmó el acta en la penúltima hoja.

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