Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí notificó formalmente a María de Jesús Almendárez Prieto, “Marichuy”, que la Recomendación 04/2024 emitida en su favor fue declarada No Aceptada por el Congreso del Estado, pese a que el organismo había acreditado violaciones a derechos humanos relacionadas con el derecho de las víctimas, la legalidad y la seguridad jurídica.
La Recomendación 04/2024 fue la primera emitida por la CEDH contra el Congreso del Estado. Derivó de la queja presentada por Almendárez Prieto tras ser víctima de violencia institucional por parte del diputado Eloy Franklin Sarabia, entonces integrante de comisiones relacionadas con derechos humanos e igualdad de género.
De acuerdo con la investigación de la CEDH, el 4 de junio de 2021 Marichuy acudió a una reunión en la oficina del legislador para solicitar apoyo; en lugar de brindarle atención, Franklin Sarabia la interrumpió, le impidió hablar, realizó comentarios despectivos y grabó la conversación sin su consentimiento. La Comisión concluyó que el diputado incurrió en violaciones graves al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
La recomendación solicitó, entre otros puntos, la reparación integral del daño, la creación de un protocolo de atención a víctimas, la capacitación de diputadas y diputados, así como la investigación de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, el documento notificado a Marichuy —firmado por la primera visitadora general, Begoña Castillo Martínez— informa que, tras el rechazo del Congreso, el asunto fue turnado a comisiones legislativas y sometido a un procedimiento ordinario, sin que hasta ahora exista una resolución de fondo que repare el daño acreditado.
Marichuy sostiene que el Congreso no sólo rechazó la recomendación, sino que la trató como si fuera una iniciativa común, lo que la colocó “en una nueva posición de revictimización”.
“Lo sometieron a Pleno (…) me sentaron en la banca de los acusados junto con mi agresor que es Eloy y al final lo sometieron a Pleno. Entonces, ¿dónde está la violencia contra las mujeres que ellos reforman, que ellos hacen iniciativas, cuando ellos me están violentando y me están otra vez más revictimizando?”
En su testimonio, afirma además que la CEDH no la acompañó ni la defendió en el proceso legislativo, pese a haber emitido la recomendación.
“Giovanna se debería de pronunciar por esto y me dejó sola con los visitadores, nomás con una visitadora adjunta, me dejó sola. No me ayudaron ni siquiera a impugnar. Prácticamente no defendieron lo que la violación que ellos ven”.
Desfase en la notificación
A este agravio se suma un desfase temporal que, para Almendárez Prieto, confirma que el procedimiento fue conducido sin transparencia. Aunque fue notificada formalmente del rechazo hasta el 15 de enero de 2026, los documentos oficiales que le entregó la propia CEDH muestran que los acuerdos y oficios del Congreso datan de octubre de 2025. Es decir, durante meses la decisión ya había sido tomada y tramitada sin que la víctima fuera informada oportunamente.
“Yo veo que simularon pruebas para decir que sí, pero no fue cierto”.
También acusó que la primera visitadora general, Begoña Castillo, le entregó el oficio sin darle explicación directa: “Ni siquiera me dio la cara”.
En el oficio notificado a Marichuy, se reconoce que el Congreso no sustentó ni motivó jurídicamente por qué rechazó la recomendación. La CEDH señala que recibió un oficio del coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso, Walter Alfonso Espinoza Huerta, en el que se informó que la no aceptación fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Primera de Justicia, bajo el número de turno 6341.
Posteriormente, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, comunicó que se generarían “las gestiones necesarias” para una reunión de trabajo de Comisiones Unidas, sin que se emitiera resolución alguna.
Para Marichuy, todo este procedimiento fue una simulación: “Yo veo que simularon pruebas para decir que sí, pero no fue cierto (…) no sustentaron ni motivaron el por qué no la aceptaron”.
Contradicción institucional
Uno de los señalamientos centrales es que los mismos diputados que votaron por unanimidad a Giovanna Argüelles como ombudsperson ahora rechazaron su recomendación, lo que —dice Marichuy— exhibe una contradicción institucional:
“Gama y todos los diputados votaron por ella por unanimidad y ahora le rechazan la recomendación ellos mismos. Entonces quiere decir que el actuar de ella ni siquiera ellos lo avalan. ¿Por qué la están sosteniendo?”.
En otro oficio, firmado por la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso, se informa que, derivado de la recomendación, se solicitó colaboración a la CEDH para diseñar cursos de capacitación al personal legislativo en derechos humanos. Para Marichuy, esto no representa una reparación real, sino un acto simbólico que evade el fondo del agravio.
Por esta razón, sostiene que tanto Rocha Medina como Cuauhtli Badillo Moreno, quienes han estado al frente de la Directiva del Congreso, fueron omisos en el cumplimiento de la recomendación.
La notificación de la CEDH establece que, conforme al artículo 126 de su Reglamento Interno, Marichuy cuenta con 30 días naturales para presentar el recurso correspondiente contra el acuerdo de seguimiento. Sin embargo, ella sostiene que la propia Comisión la dejó sola en ese momento clave.
“Derechos Humanos también está haciendo lo mismo conmigo, no se pronuncia, se esconde, como siempre, no da la cara cuando la ley lo marca que se debe de pronunciar”.
