Fernanda Durán
Diputados de las bancadas del PAN y Morena coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad, pero advierten que la propuesta del Ejecutivo debe revisarse con base en criterios de viabilidad financiera y respeto al orden constitucional.
Esto en referencia a la iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para reformar la Constitución del Estado y establecer un sistema de pensiones obligatorio para policías municipales.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Carlos Arreola Mallol, señaló que la iniciativa del Ejecutivo estatal para reformar la Constitución local y establecer como obligatorio el otorgamiento de pensiones a policías municipales será revisado a fondo, especialmente en lo que respecta a su armonización con el principio de autonomía municipal.
Cuestionado sobre si esta propuesta podría contravenir la distribución de competencias prevista en la Constitución, Arreola respondió que van a analizarla con puntualidad.
“Nosotros lo vamos a analizar con todo respeto y con toda puntualidad. Me parece una iniciativa que es de llamar la atención porque sabemos las condiciones de nuestras policías suman a la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que la vamos a analizar. Siempre estamos a favor de más derechos para más personas y si se habla de la seguridad de los policías municipales, adelante”.
Aunque evitó pronunciarse por un respaldo automático, el legislador adelantó que, a título personal, está a favor de que las y los policías municipales cuenten con un esquema de retiro digno, pero antes debe estudiarse a detalle el mecanismo jurídico y, sobre todo, la viabilidad financiera de su aplicación.
“Hay que entender la forma jurídica, hay que darle forma en la Constitución y en el proceso (…). Yo personalmente estoy a favor de que los policías municipales tengan una pensión. Hay que ver cuál es el mecanismo y, sobre todo, garantizarlo de manera económica, que es lo más importante”, puntualizó.
Respecto al proceso legislativo, Arreola informó que el Congreso del Estado retomará actividades la próxima semana con una sesión de la Diputación Permanente, y que la iniciativa será turnada formalmente a comisiones una vez que se confirme su ingreso oficial.
“En cuanto ya esté en el Congreso —entiendo que ya se envió— la vamos a pedir. Ahorita el personal está de vacaciones”, explicó.
Por ahora, la bancada de Morena no ha fijado una postura colectiva sobre el tema, aunque Arreola no descartó el respaldo de su grupo parlamentario en caso de que la propuesta no vulnere principios constitucionales.
“No lo hemos dialogado, en realidad todavía es algo muy novedoso”, agregó.
Por su parte, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera también llamó a revisar con cautela la propuesta, con énfasis en sus implicaciones presupuestales.
“Hay que analizarla, tengo muchas dudas, sobre todo de los dineros, de dónde van a salir”, declaró.
Si bien consideró positivo dotar de certeza jurídica a los policías municipales, pidió prudencia en la toma de decisiones que puedan comprometer las finanzas públicas.
No obstante, el diputado recalcó que aún no puede emitir una postura definitiva, dado que el Congreso se encuentra en receso legislativo y el contenido de la iniciativa apenas se está conociendo.
“No puedo opinar más si estoy a favor o en contra porque no conozco la propuesta, creo que se mandó ayer o antier y ahorita el Congreso, aunque algunos andamos trabajando, hay un receso de vacaciones y no está presionando en la Comisión Permanente”.
Asimismo, advirtió que cualquier esquema de apoyo a las corporaciones de seguridad debe contemplar a todos los niveles, no solo al municipal.
“Hay que respaldar a los policías municipales, no solamente a ellos, también a los estatales, a los policías de investigación de la fiscalía, para ver en qué condiciones se encuentran”.
La propuesta del Ejecutivo contempla reformas a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública para establecer el derecho al retiro de los cuerpos policiales municipales, ya sea por antigüedad o edad.
Ante ello, ambos legisladores coincidieron en que el derecho al retiro digno para los cuerpos de seguridad debe abordarse con responsabilidad jurídica y presupuestal, especialmente si se busca imponer obligaciones directas a los 59 ayuntamientos de la entidad
Hasta ahora, no se ha hecho público el diagnóstico financiero que justifique su implementación ni el modelo de aportaciones que deberán asumir los ayuntamientos.
