Fernanda Durán
La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado evaluará posibles reformas para sancionar con mayor severidad el delito de despojo, luego de que se dieron a conocer denuncias por fraudes inmobiliarios en San Luis Potosí, en los que se habrían utilizado documentos falsos y procedimientos judiciales irregulares con presunta participación de ministerios públicos, actuarios y policías de investigación.
El diputado César Lara Rocha, presidente de la comisión, reconoció que la legislación vigente no ofrece mecanismos suficientes para prevenir este tipo de actos ni para regular adecuadamente a quienes ofrecen servicios inmobiliarios en la entidad.
Aunque ya existen carpetas de investigación en curso, reconoció que los fraudes no serían posibles sin la intervención de actores institucionales:
“Se afecta el patrimonio de potosinos con engaños, con argucias y, pareciera ser lo más delicado, con la colaboración de gente que trabaja dentro de instituciones como ministerios públicos o juzgados”.
Lara Rocha recordó que en la pasada legislatura existió una iniciativa para aumentar las penas por despojo, especialmente cuando se atente contra personas vulnerables como adultos mayores o personas con discapacidad, pero no prosperó. Ahora, ante los nuevos casos, el Congreso deberá analizar su reactivación o generar una nueva propuesta, en colaboración con su grupo parlamentario y otras fuerzas políticas.
“Hoy estamos viendo y de la problemática que pudiera crecer inclusive porque esto es apenas el inicio, pareciera ser de un iceberg. Tendremos que analizarlo, ver al interior de los diputados verdes, de nuestros compañeros y ver si entre todos podemos sacar una iniciativa y si no tal vez decir que pudiéramos tomar la iniciativa en razón de estos antecedentes peligrosos que están sucediendo”.
El legislador también destacó la necesidad de regular la actividad inmobiliaria y promover el uso de agentes certificados, por lo que ya trabaja en una probable iniciativa con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), con quienes ha sostenido reuniones recientes.
“Hoy ustedes pueden ver que hay un letrero en una casa de un particular y el que lo vende o cualquier otra persona pone un teléfono y a partir de ahí podemos estar sujetos a fraudes como estos que estamos viviendo. Yo lo que le diría a la ciudadanía es que busquen agencias inmobiliarias profesionales, que si bien es cierto que pueden tener un costo adicional, también les da la certeza de que no los van a engañar”.
Informó que actualmente hay estimaciones de más de 4 mil personas que ejercen como agentes en todo el estado, pero solo 40 están registradas ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) con programas de certificación y capacitación.
Al ser cuestionado sobre la inaccesibilidad de la vivienda, el legislador reconoció que el mercado inmobiliario actual excluye a sectores como los obreros y trabajadores de parques industriales, por lo que han exhortado a desarrolladores a contemplar este segmento, aunque no resulta atractivo para el sector privado si no hay volumen ni incentivos.
Confió en que los programas federales y estatales de vivienda, que prometen hasta un millón de unidades a nivel nacional, ayuden a reorientar el enfoque.
“Nada más hacer un llamado a quienes se dedican al tema inmobiliario de la construcción, pues que también volteen los ojos hacia quienes menos tienen”.
Finalmente, sobre la presunta participación de funcionarios públicos en los fraudes denunciados, el diputado consideró que, de comprobarse, los responsables deben recibir “todo el peso de la ley”.
