Fernanda Durán
A casi tres meses de la entrada en vigor de la reforma que prohíbe el uso de animales de tiro para la recolección de basura y metales, el diputado Luis Felipe Castro Barrón, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, reconoció que el Congreso del Estado no ha recibido información actualizada por parte de la mayoría de los ayuntamientos sobre el padrón de carretoneros ni sobre el avance en la transición hacia vehículos motorizados.
El legislador explicó que el padrón corresponde directamente a los municipios, tanto en la capital como en Villa de Pozos, donde se habían manifestado mayores dudas.
“El padrón de carretoneros, eso va a cargo de los ayuntamientos”, señaló, al precisar que el Congreso ya cumplió con establecer la reglamentación que prohíbe el transporte de desperdicios utilizando animales de tiro.
Indicó que ahora corresponde a las autoridades municipales ejecutar la ley, otorgar prórrogas y facilitar la migración hacia unidades motorizadas; conforme a lo planteado, los animales deberán ser entregados a los ayuntamientos para destinarlos a terapias o a espacios tipo santuario donde se garantice su bienestar.
Castro reconoció que, pese a los exhortos realizados por la Comisión, no han recibido respuesta formal de la mayoría de los municipios.
“Hemos exhortado, hemos pedido información de cómo van; sin embargo, no hemos tenido una respuesta positiva”.
La única excepción, dijo, ha sido el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que sí proporcionó información sobre los cambios que están implementando y los apoyos que otorgan para cumplir con la legislación.
En el caso de Villa de Pozos, adelantó que la próxima semana sostendrá contacto con la presidenta concejal para revisar el avance, mientras que del Ayuntamiento de San Luis Potosí aún esperan respuesta.
Sobre posibles medidas ante la falta de información, el diputado señaló que los artículos transitorios de la reforma obligan a los ayuntamientos a lograr la migración junto con las personas dedicadas a la recolección.
“Vamos a seguir exhortando y vamos a platicar nosotros como comisión qué es lo que podemos hacer al respecto”.
En cuanto al número de carretoneros, recordó que en la capital existían cuatro o cinco organizaciones grandes, entre ellas Benito Juárez y Francisco Villa, cada una con alrededor de 120 o 130 integrantes. Estimó que el padrón rondaba las 500 personas, aunque actualmente solo entre un 20 y 25 por ciento continúa utilizando animales de carga.
Precisó que varias organizaciones ya operan con motocicletas, camionetas u otros vehículos motorizados, mientras que la agrupación Benito Juárez acordó con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) un financiamiento para adquirir camionetas y concluir su transición en uno o dos meses.
Respecto a la organización que previamente denunció que el Ayuntamiento capitalino les ofreció unidades de menor capacidad a la prometida, Castro aclaró que no se trataba de una reventa de vehículos, sino de un desacuerdo por la capacidad de carga.
Según explicó, el municipio había comprometido unidades con capacidad de 750 kilogramos y posteriormente ofreció vehículos de 200 kilogramos, lo que consideraban insuficiente para su actividad.
El diputado señaló que desde la Comisión se les apoyó gestionando un enlace con SIFIDE para que pudieran acceder a financiamiento y cambiar directamente a camionetas.
En cuanto a señalamientos sobre presunta reventa de unidades, indicó que el Congreso no intervino, ya que esos acuerdos corresponden al ámbito municipal.
“El ayuntamiento es quien tendría que poner los candados para que las organizaciones no vendan estos vehículos motorizados que les otorga el ayuntamiento”.
Castro insistió en que la reforma ya está en vigor y que el objetivo es eliminar definitivamente el uso de animales de tiro en la recolección de residuos.
No obstante, reconoció que la implementación avanza de manera desigual entre municipios, por lo que la Comisión continuará solicitando información y seguimiento para garantizar que la transición se concrete sin afectar el sustento de las familias involucradas.
