Fernanda Durán
Durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada este viernes, el Congreso del Estado de San Luis Potosí turnó a comisiones legislativas el cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena dejar sin efectos la inhabilitación impuesta en 2021 al exalcalde capitalino, Xavier Nava Palacios.
La resolución deriva del amparo en revisión 91/2024, promovido por Nava Palacios y resuelto por la SCJN el pasado 25 de junio, en el que se le otorgó la protección de la justicia federal por violaciones al debido proceso durante el juicio político llevado a cabo por el Congreso del Estado. El caso se originó en el Juicio de Amparo 22/2022, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito.
El diputado vicepresidente de la Directiva, Luis Felipe Castro Barrón, informó que el Juzgado Tercero de Distrito instruyó expresamente que se deje sin efectos la sanción de inhabilitación, por lo que se determinó turnar el asunto a la Comisión Jurisdiccional para su desahogo y substanciación, así como a las comisiones de Gobernación y Primera de Justicia en su carácter de Comisión Instructora.
“La instrucción del Juzgado Tercero de Distrito fue dejar sin efectos la sanción. Por ello se turnó a la Comisión Jurisdiccional para su desahogo y substanciación”, expuso Castro Barrón ante el pleno.
En entrevista, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, instó a las y los legisladores a mantener la altura política en el manejo del caso y evitar que el Congreso se vea envuelto en disputas de índole personal.
“No vamos a tomar un partido en contra de ningún interés personal, no quieran que el Congreso se preste a una disputa personal, a una politiquería chiquita personal”, expresó.
El pasado 20 de agosto, el Juzgado Tercero de Distrito dio un plazo de tres días al Congreso del Estado para dar cumplimiento a la ejecutoria de la Suprema Corte. Sin embargo, desde el Poder Legislativo se ha manifestado que sí acatarán la sentencia, pero respetando los tiempos y procesos del procedimiento legislativo, por lo que el cumplimiento no se concretará en ese plazo.
