Congreso debe anular contrato con Panavi, no avalarlo: Agrupaciones Ciudadanas

Por Victoriano Martínez

Agrupaciones ciudadanas y empresariales advirtieron que la pretensión de los diputados de la LXI Legislatura de aprobar la modificación del contrato del Ayuntamiento con Panavi para encarecer el proyecto de cambio de luminarias de la ciudad, representa una traición a la ciudadanía dado el fraude que implica ratificar un contrato ilegal, además de un sobreprecio exorbitante.

Representantes de las agrupaciones Acción Ciudadana, Ciudadanos Hasta la Madre, Ciudadanos Observando y del Consejo Empresarial Potosino anunciaron, en rueda de prensa, que en caso de darse la aprobación del dictamen sobre el caso Panavi, se cuenta con todos los elementos jurídicos para combatirlo legalmente en distintas instancias.

“Hacemos un llamado a los diputados para que no se conviertan en cómplices de este desfalco, pero además porque existen todos los elementos para demostrar que se está cometiendo una ilegalidad y puede ser combatida en distintos momentos en tribunales Federales”, señaló Héctor Blanco Cedillo, coordinador de Ciudadanos Hasta la Madre.

Por su parte, Manuel Nava Calvillo, de Acción Ciudadana, comentó que son públicos todos los antecedentes por lo que no procede la ratificación del contrato del Ayuntamiento con Panavi, mucho menos una ampliación del monto contratado, incluso con pronunciamientos del propio alcalde Ricardo Gallardo Juárez cuando era alcalde electo, y ahora modifica totalmente su postura.

Los dirigentes de los organismos convocantes coincidieron en que lejos de proceder la ampliación del costo del contrato, los diputados están obligados a declarar nulo el que firmó el ex alcalde Mario García Valdez el 27 de abril de 2015, por incumplimientos a lo dispuesto en el Decreto 953, mediante el cual el Congreso del Estado aprobó su realización.

Durante la rueda de prensa, los representantes de las cuatro agrupaciones distribuyeron un documento en el que señalan las violaciones a cinco de los siete artículos de los que se compone el decreto original que autorizó el contrato para el cambio de luminarias, y que son las razones por las que el trato con Panavi es inválido. Las violaciones enumeradas son las siguietes:

• Artículo 2: para el proceso de adjudicación se incumplió la Ley de Asociaciones Público-Privadas para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios, cuando menos en los siguientes puntos:
  • • No se elaboró programa municipal de infraestructura.
    • No se contempló partida presupuestal para el proyecto.
    • No se elaboró el obligado estudio de costo-beneficio.
    • No existió autorización del Cabildo y de la Tesorería.
    • No se nombró un funcionario administrador del proyecto.
    • No se incluyeron cláusulas obligatorias sobre riesgos, parámetros de evaluación y supervisión y obligaciones de información de la empresa hacía la Auditoría Superior del Estado, entre otras.
• Artículo 3: mientras en esta disposición del decreto se establece el inicio de la instalación de las luminarias en 30 días naturales a partir de la asignación del contrato, en éste se impone un plazo “a partir de la autorización final del programa de entrega”, además de indicarlo en 90 días hábiles, no naturales.
• Artículo 3: Panavi no demostró en ningún momento tener la capacidad económica para hacer frente a la inversión que ellos mismos fijaron en $571’551,924.95, sin requerir créditos bancarios, como se dispuso en el decreto.
• Artículo 4: las empresas agrupadas con Panavi no contaban, al momento de la licitación, con registro como proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad.
• Artículo 4: la adjudicación incumple con el límite impuesto en el decreto en el sentido de que el pago total no podía ser mayor al doble de la inversión propuesta por la empresa adjudicada. El monto del contrato original, por $1,301’931,315.35 supera con $158’827,465.45 la inversión ofertada por Panavi.
• Artículo 5: la empresa no demostró documentalmente que el producto ofrecido cumplió con la acreditación y aprobación de las NOM-003-SCFI-200 y NOM-031-ENER-2012, de seguridad y eficiencia respectivamente.
• Artículo 7: no se remitió en tiempo la copia del contrato al Congreso del Estado, además de que el contrato firmado incumple principios de validez, dado que primero se firmó y después fue aprobado por el Cabildo, cuando primero debió darse la aprobación del cuerpo edilicio.

Agregaron que de acuerdo a una observación de la Auditoría Superior del Estado, existen indicios de que tampoco se cumplió la obligación de proporcionar copia del contrato al Legislativo, señalada en el artículo 6 del Decreto 953.

En su comunicado, las cuatro agrupaciones presentan la siguiente relación de conclusiones a ser consideradas antes de que el Congreso del Estado resuelva el caso Panavi.

• El Congreso del Estado está obligado a revocar la autorización que dio origen al contrato entre el Ayuntamiento y Panavi mediante el Decreto 953, dados los incumplimientos al articulado del mismo.
• Tal revocación del contrato vuelve innecesaria cualquier autorización para un convenio modificatorio, dada la invalidez legal del mismo al no ajustarse a las disposiciones del Decreto 953 que lo autoriza.
• El dictamen emitido por las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable, de Gobernación y de Puntos Constitucionales atenta contra la obligaciones de los legisladores de cumplir y hacer cumplir las determinaciones legales, y lesiona a la Institución que representa el Poder Legislativo del Estado.
• No sólo resulta improcedente que se autorice un incremento en el costo del contrato por más de 212 millones de pesos, sino que no existen razones para que los diputados pudieran intentar aprobar el dictamen con una modificación que se limite a revalidarlo con el costo anterior. Tal circunstancia equivaldría a que un ladrón le ofreciera a su víctima robarle un poco menos y, por ello, ésta le tuviera que estar agradecido.
• En consecuencia, queremos advertir a los diputados que su voto a favor de la petición del alcalde para continuar el contrato con Panavi los convertirá en traidores de sus representados y cómplices del desfalco que representa lo que el propio Gallardo Juárez calificó como “licitación chueca”. Les hacemos un llamado a no pasar de ser una Asamblea de Vagos para convertirse en una Asamblea de Ladrones.