Fernanda Durán
Al término de la sesión plenaria de este lunes, integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado ofrecieron una rueda de prensa para fijar postura sobre la remoción total del Concejo Municipal de Villa de Pozos, decisión que, aseguraron, respondió a un ejercicio de responsabilidad institucional y a la necesidad de preservar la probidad en el servicio público.
El diputado presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, sostuvo que la actuación del Congreso frente al caso de Villa de Pozos se dio como un cuerpo colegiado y no como una determinación individual, subrayando que el Poder Legislativo actuó conforme a las atribuciones que le corresponden.
“El acto relacionado con Pozos simplemente muestra que el Congreso actúa con la responsabilidad que le corresponde… actuamos como un solo cuerpo colegiado que va a preferenciar en cada momento que la conducta de los servidores públicos (…) sea acorde a la probidad que nos motivó para hacer los nombramientos respectivos”.
Serrano Cortés aclaró que la remoción de los concejales no implica un juicio anticipado sobre responsabilidades administrativas o penales, las cuales corresponden a otras instancias, pero que el Congreso sí tiene la obligación de actuar cuando existen condiciones evidentes que afectan la confianza pública.
“No hay un enjuiciamiento por parte nuestra, pero sí, ante condiciones evidentes, actuamos como un solo cuerpo colegiado que va a preferenciar en cada momento que la conducta de los servidores públicos, sobre todo cuando tiene una relación directa con el Congreso”.
Durante la rueda de prensa, Serrano Cortés fue cuestionado sobre los perfiles de algunos de los nuevos concejales, en particular sobre el concejal regidor número 3, Sebastián Galindo Arriaga, hijo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, a quien se le han atribuido señalamientos públicos previos por conductas personales y presunto tráfico de influencias.
Ante ello, el legislador evitó pronunciarse sobre la vida privada de los funcionarios y sostuvo que la revisión realizada por el Congreso se centró en la legalidad y en la inexistencia de impedimentos formales para su designación.
“Si hacemos una reflexión sobre vidas en la conducta personal, pues evidentemente a mi juicio todos tendríamos ante la vista de muchos, algún tipo de crítica. Lo que sí creo que es importante es que, en esta etapa, como servidor público lo que se tiene que acreditar es la probidad”.
Añadió que el Congreso dejó fuera interpretaciones subjetivas y se apegó estrictamente a la ley:
“Hicimos una revisión y hemos dejado fuera cualquier tipo de interpretación que se dé como una conducta que hacia afuera puede interpretarse de incorrecta (…) actuamos en consecuencia con toda la legalidad necesaria”.
En el mismo sentido, al ser cuestionado sobre posibles vínculos políticos o familiares de algunos integrantes del nuevo Concejo, Serrano reiteró que el criterio principal fue la exigencia de un comportamiento probo y la advertencia de consecuencias inmediatas ante cualquier irregularidad.
“Cualquiera que tenga una conducta inapropiada va a haber una consecuencia similar a lo que ustedes ven ahora. Nosotros lo que estamos insistiendo y dejando en claro es que actuamos en consecuencia y en base a nuestra responsabilidad, incluida una responsabilidad moral”.
Respecto a por qué la remoción alcanzó a los 14 concejales, cuando la polémica inicial se centró en algunos integrantes por el tema del bono navideño, Serrano Cortés explicó que el Congreso recibió un reporte formal de la Contraloría Interna, derivado de hechos que tuvieron amplia difusión mediática.
“Hay un reporte por parte de la Contraloría que nos fue oficialmente entregado un día o dos después de que se generó este incidente, que además tuvo una mostración mediática, y yo lo he dicho, hay cosas que tenemos que atender, sobre todo cuando hay una posición que se da ante un reclamo de carácter social (…). A raíz de eso, el contralor informó a esta soberanía de actos que, a juicio del propio contralor, se interpretan como incorrectos dentro de la propia función pública”.
Detalló que el documento observado fue firmado por la totalidad de los integrantes del Concejo, lo que motivó una decisión sin excepciones.
“Catorce firman el documento del que estamos hablando, no hubo distingos, fueron los 14 y los 14 están firmando el documento”.
Serrano enfatizó que el Congreso no podía permitir decisiones que implicaran beneficios económicos indebidos en un municipio con múltiples carencias.
“No se puede de ninguna manera coludirse para tomar una decisión que implique el tomar presupuestos mayores de los que se puede dentro del municipio. Es un municipio que tiene muchas necesidades y este tipo de situaciones no deben permitirse”.
Finalmente, el presidente de la Jucopo recordó que el Concejo Municipal fue designado originalmente por el propio Congreso, por lo que este tiene la facultad y la responsabilidad de intervenir cuando se compromete la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
“Este Congreso, no el que está, sino la institución, tuvo la elección de ellos hace aproximadamente un año y medio, y es básicamente eso”.
La rueda de prensa cerró reiterando que el Congreso privilegiará decisiones colegiadas para garantizar estabilidad, legalidad y probidad en los órganos municipales.
