Fernanda Durán
El Congreso del Estado desechó un nuevo procedimiento de responsabilidad contra autoridades del Ayuntamiento de Tampacán, derivado del incumplimiento de una sentencia emitida desde 2013 a favor de un ex policía municipal. Aunque el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) había solicitado la intervención del Poder Legislativo para proceder contra integrantes del gobierno municipal actualmente encabezado por Santiago Rodríguez Posadas, se determinó que el asunto quedó sin materia, al acreditarse que el laudo fue pagado por más de 412 mil pesos durante 2024.
La resolución corresponde al expediente 455/2012/2, promovido por quien fue separado de su cargo como policía municipal el 2 de agosto de 2012. El caso es distinto al del ex policía Vicente Correa Andablo, cuyo procedimiento por un laudo superior a 250 mil pesos también fue desechado por el Congreso en agosto pasado.
Durante una sesión privada celebrada este viernes 23 de octubre aprobaron el dictamen para desestimar la solicitud del TEJA y archivar el procedimiento.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una sentencia definitiva el 14 de febrero de 2013, mediante la cual declaró injustificada la separación del ex policía y ordenó al Ayuntamiento cubrir una indemnización constitucional, además de las remuneraciones y prestaciones correspondientes.
Sin embargo, durante los años posteriores, el Ayuntamiento incumplió los requerimientos judiciales para ejecutar la sentencia, lo que derivó en multas y nuevas exigencias por parte del tribunal.
Después de agotar las medidas de apremio previstas en la legislación, el TEJA determinó que correspondía solicitar la intervención del Congreso, debido a que las autoridades municipales de elección popular no podían ser separadas directamente de sus cargos por el órgano jurisdiccional.
La determinación judicial consistió en remitir copia certificada del expediente al Poder Legislativo para que procediera a la separación del cargo de integrantes del Ayuntamiento de Tampacán.
No obstante, el procedimiento permaneció pendiente de resolución en el Congreso desde 2023, mientras que el conflicto económico entre el Ayuntamiento y el ex trabajador avanzó hacia su cumplimiento.
En febrero y mayo de 2024 se formalizó y ejecutó un convenio de pago por más de 412 mil pesos, mediante dos cheques. Posteriormente, en septiembre de 2024, el tribunal declaró formalmente cumplida la sentencia y ordenó el archivo definitivo del expediente judicial.
Esto ocurrió antes del inicio de la administración municipal 2024-2027, encabezada por Santiago Rodríguez Posadas, quien asumió funciones el 1 de octubre de 2024.
Pese a ello, el procedimiento legislativo continuó abierto. En junio de 2026, el Congreso solicitó al TEJA información actualizada para conocer si existían actos de cumplimiento o algún medio de defensa que hubiera modificado la situación jurídica del caso.
Luego de la respuesta, el Congreso sostiene que el cumplimiento de la sentencia constituye una causa de exclusión de responsabilidad para la actual administración municipal, al no existir una obligación de pago pendiente cuando inició su periodo constitucional.
Asimismo, establece que, al haberse cumplido la sentencia durante la administración anterior, no corresponde atribuir al gobierno municipal en funciones obligaciones derivadas de ese expediente.
Sin embargo, la determinación se centró en acreditar el cumplimiento de la sentencia y descartar obligaciones pendientes para la administración municipal actual, sin que se establecieran responsabilidades individuales contra los exfuncionarios que estuvieron al frente del Ayuntamiento durante los años en que persistió el incumplimiento judicial.
Los expedientes forman parte de al menos tres procedimientos derivados de conflictos laborales iniciados desde 2012 contra el Ayuntamiento de Tampacán.
