Por Victoriano Martínez
Si no hay quinto malo, para el Congreso del Estado resultó que la quinta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les anula un decreto legislativo salió más mala que las anteriores: les invalidó una ley completa.
Los actuales diputados podrán alegar que fue una ley aprobada por la Legislatura anterior y tratar de lavarse las manos, pero también resulta que no salieron limpios: la anulación incluye dos reformas a la misma Ley de Asistencia Social invalidada que aprobaron en la sesión del pasado 13 de febrero.
En la búsqueda de justificaciones, bien podrían ir al origen de la propuesta y se encontrarán con que la iniciativa la presentó el gobernador Juan Manuel Carreras López el 16 de febrero de 2017, para el 8 de junio sus antecesores ya la habían aprobado en el Pleno y el 20 de junio de 2017 ya estaba publicada en el Periódico Oficial del Estado. Este 20 de abril, la SCJN la anuló.
Las dos reformas que corrieron la misma suerte fueron presentadas por las diputadas Laura Patricia Silva Celis la del artículo 6º y Angélica Mendoza Camacho la correspondiente al artículo 14, ambas presentadas en junio del año pasado y aprobadas el pasado 13 de febrero.
El motivo de la anulación de la ley fue la falta de consulta a las personas con discapacidad, con lo que se violó el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una omisión en la que también se incurrió con las dos reformas de hace poco más de dos meses. Es decir, no hay diferencia en el actuar de los actuales diputados y sus antecesores.
La omisión resulta aun más relevante ante el hecho de que el pasado 19 de marzo los diputados cancelaron la consulta a las comunidades indígenas para cumplir ese requisito sobre 19 iniciativas de ley, entre las que se encuentran las relacionadas con la reforma electoral. En la sesión de la SCJN de este lunes también se anuló una ley de Guerrero por no consultar a los indígenas.
Entre las consultas que también cancelarían los diputados, según la propuesta para donar 10 millones de pesos para atender la contingencia del coronavirus Covid-19, se encuentra la que tiene que hacerse a las personas con discapacidad ordenada en enero por la SCJN y a la que ahora se acumula la sentenciada el día de ayer.
Entre las reformas anuladas por la SCJN se encuentran las propuestas el 27 de octubre de 2016 por el diputado José Guadalupe Torres Sánchez para sancionar penalmente manejar con el uso del celular; las modificaciones a los artículos 11 y 40 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, propuesta por Esther Angélica Martínez Cárdenas el 10 de noviembre de 2016,
El pasado mes de enero la SCJN invalidó las reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y es otra de las consultas que tienen pendientes los diputados.
Un cuarto caso que anuló la SCJN fueron las tarifas que por las copias simples cobraron por tres años diversos ayuntamientos, entre los que más caro la hacías se encontraban los gallardistas Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí en el trienio pasado.
La anulación del decreto 726, relacionada con los cambios aprobados al artículo 277 del Código Penal elimina la derogación de ese artículo propuesta por José Mario de la Garza el 7 de abril de 2016 y la incorporación de un solo párrafo propuesto por el diputado Oscar Vera Fabregat, que se aprobaron el 11 de octubre de 2017.
Dos decretos más se encuentran en trámite ante la SCJN: el 0295 que reformó Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, y el 0296 que reformó el Código de Penal del Estado para imponer requisitos excesivos e imponer sanciones a plataformas de autos de alquiler, especialmente UBER.
Ambas modificaciones que se encuentran en trámite por la sexta controversia constitucional promovida por la CEDH fueron propuestas de la diputada Alejandra Valdés Martínez.
Un decreto más, que está en espera de publicación en el Periódico Oficial del Estado porque apenas fue aprobado el pasado viernes 17 de abril, ya tiene sobre sí el anuncio de la CEDH de convertirse en la séptima controversia constitucional contra el Congreso del Estado. La propuesta fue del diputado Cándido Ochoa Rojas.
Cinco de siete controversias han sido resueltas en contra del Congreso del Estado y la deficiente argumentación en este último caso –que ya involucró decretos de la actual Legislatura– muestra que los actuales diputados no sólo siguen los pasos de sus antecesores, sino que lo hacen a pesar de las advertencias públicas y en corto que han recibido.
Es como si todavía hicieran más esfuerzos por convencer de que son peores que sus antecesores, cuando es algo de lo que ya no hay duda.
