Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí incumplió con el plazo establecido en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, que obligaba a desaparecer de la normatividad local a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a más tardar el pasado 18 de junio.
Aunque el mandato era claro y marcaba un término fatal, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Arreola Mallol, reconoció que aún no se ha cumplido con la adecuación correspondiente, pero que lo harán próximamente.
“Presentaremos una iniciativa para cumplir con el mandato constitucional de adecuar nuestra constitución”, adelantó.
Hasta el momento, la única acción formal registrada en la actividad legislativa fue la iniciativa presentada por la diputada Sara Rocha Medina el pasado 18 de marzo, es decir, dos días antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fijó como fecha de inicio de la armonización el 20 de marzo.
La propuesta de Rocha no solo se adelantó al marco legal completo, sino que también presentó omisiones relevantes sobre aquellos derechos en los que San Luis Potosí es pionero.
Desde la publicación de la reforma constitucional el 20 de diciembre de 2024, el Congreso local ha tenido seis meses para legislar en la materia, pero transcurrido ese plazo, no se ha aprobado reforma alguna ni se ha discutido una propuesta integral para establecer el nuevo modelo institucional de acceso a la información y protección de datos personales en el estado.
El Poder Legislativo local ha incurrido en desacato al mandato federal y mantiene vigente en la Constitución potosina a un organismo autónomo —la CEGAIP— que debía haber sido eliminado desde hace tres días.
