Jaime Nava

Durante la sesión de Pleno del Congreso del Estado del próximo jueves, la diputada Marite Hernández Correa presentará un punto de acuerdo para exhortar al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y a los directores de las distintas facultades a que respondan una serie de cuestionamientos relacionados con los casos de acoso y hostigamiento sexual que se han presentado al interior de la institución y de los cuales la propia Universidad constantemente evita informar.

La diputada justifica el punto de acuerdo señalando que, pese a la existencia de múltiples denuncias, las autoridades universitarias han abordado el problema con “tibieza”, lo que a su vez abona a la impunidad ya que no hay resultados visibles para combatir el acoso y hostigamiento sexual dentro de la UASLP.

“Se puede observar una tendencia de las autoridades universitarias a ocultar y no erradicar estos actos, ya sea porque los maestros hostigadores y/o acosadores están protegidos por sus derechos laborales o su afiliación al Sindicato o simplemente por proteger el prestigio de la institución, dejando en total estado de indefensión a las víctimas.”, se lee en el texto.

Además, el punto de acuerdo considera que el Protocolo para Prevenir, Atender, Intervenir, Sancionar y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual en la UASLP no es un instrumento eficaz ni confiable para que las estudiantes que han estado expuestas a conductas como tocamientos indebidos, insinuaciones, miradas incómodas, propuestas de índole sexual y hasta violaciones se hagan escuchar.

Las preguntas que la diputada espera sean respondidas por el rector, Manuel Fermín Villar Rubio, así como los directores de las facultades y Centros de Investigación de la UASLP, son las siguientes:

  1. ¿Cuántas quejas por acoso y hostigamiento sexuales se han presentado ante las autoridades universitarias en las Facultades, Escuelas y Centros de Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2017 a la fecha?
  2. ¿Qué acciones se han realizado para poner en práctica el Protocolo de Entrada para Prevenir, Atender, Intervenir, Sancionar y Erradicar el Acoso y el Hostigamiento Sexual en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí?
  3. ¿Qué mecanismos se han implementado para alertar a las y los estudiantes ante el hostigamiento y acoso sexuales en la UASLP?
  4. ¿Qué labores se realizan para motivar a las y los estudiantes a denunciar este tipo de actos y cuál ha sido su impacto?
  5. ¿Qué acciones se realizan para proteger la integridad de las víctimas de acoso y hostigamiento sexuales en sus respectivas Facultades, Escuelas y Centros de Investigación?
  6. ¿Qué sanciones existen para los agresores sexuales que realizan estos actos en la UASLP y cuántas personas han sido sancionadas?
  7. De los casos de acoso y hostigamiento sexuales denunciados ante las autoridades universitarias pertinentes, ¿cuántos se han resuelto? Y, ¿en qué términos?
  8. ¿Qué ha hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para conocer la dinámica del acoso y del hostigamiento sexuales en sus Facultades, Escuelas y Centros de Investigación?
  9. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta la universidad para realizar la atención eficaz del problema de acoso y hostigamiento sexuales que subsiste en la UASLP?

Las preguntas planteadas por la diputada han sido formuladas en distintas ocasiones por ciudadanos a través de solicitudes de información presentadas a la UASLP, sin embargo las autoridades universitarias se han negado a responderlas remitiendo a los interesados a consultar los informes que el rector presenta cada año a sabiendas de que esos documentos no contienen datos suficientes ni actualizados al respecto.

Entrevistado sobre ese tema en particular hace unas semanas, Manuel Fermín Villar Rubio sugirió esperar a su nuevo informe para conocer la cifra de casos de acoso y hostigamiento sexual que se han registrado en el último año y que hasta la fecha permanecen en absoluta opacidad.

El punto de acuerdo concluye haciendo un llamado también a los sindicatos de la UASLP para que “no avalen ni protejan a los agresores”.