Fernanda Durán
Un año después de que padres de familia expusieran ante el Congreso del Estado la falta de políticas públicas para atender a personas con autismo en Matehuala, la LXIV Legislatura recibió este 29 de agosto un punto de acuerdo que busca obligar a las autoridades municipales, estatales y federales, a garantizar atención médica y educativa para una menor con este diagnóstico y, con ello, sentar precedente para la comunidad autista en la región.
En julio de 2024, los padres de Matilde —una niña de siete años diagnosticada con autismo— denunciaron ante la Comisión de Salud del Congreso que en Matehuala no existían programas, personal capacitado ni acceso a medicamentos especializados. Explicaron que, pese a estar inscrita en una escuela regular, su hija enfrentaba discriminación y falta de acompañamiento, lo que evidenciaba la ausencia de políticas de inclusión.
Aquella denuncia fue respaldada por un juicio de amparo interpuesto en 2022 (expediente 469/2022), mediante el cual Javier López Rodríguez y Margarita Carmona Puente, padres de la menor, reclamaron la negativa de servicios médicos, traslados, medicamentos y terapias por parte del Ayuntamiento de Matehuala, los Servicios de Salud del Estado y el Hospital General. Aunque el Juzgado Tercero de Distrito resolvió a su favor, las autoridades responsables nunca cumplieron la sentencia.
El nuevo exhorto legislativo
Ahora, el punto de acuerdo presentado por el diputado Tomás Zavala González propone un exhorto de manera urgente al Ayuntamiento de Matehuala, a la Jurisdicción Sanitaria II y al Hospital General de Matehuala a brindar servicios médicos, traslados, medicamentos, terapias y atención integral a la menor.
Se enfatiza que el incumplimiento de la sentencia constituye una violación grave al Estado de Derecho y una vulneración directa a los derechos humanos de las infancias con autismo.
En el documento Zavala advierte que, a pesar de que la resolución judicial se encuentra firme desde 2022, las autoridades han sido omisas, lo que prolonga la agonía de las familias y perpetúa la exclusión social.
“La comunidad autista en Matehuala no puede seguir esperando, las madres y padres no pueden seguir llevando esta tarea solos”, se lee en el exhorto.
El legislador subrayó que la lucha de Matilde representa la de todos los niños y niñas con autismo que permanecen invisibilizados en Matehuala. En su propuesta, remarca la obligación legal de las autoridades de cumplir sin demora las sentencias de amparo, bajo riesgo de incurrir en responsabilidades administrativas y penales por desacato.
El punto de acuerdo ahora será discutido en la comisión de Salud del Congreso, presidida por la diputada priista Frinné Azuara Yarzábal; en un contexto en el que desde hace años familias de la región han denunciado la falta de programas, servicios y personal especializado para atender a las infancias con espectro autista.
