Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibió dos nuevas solicitudes de desincorporación de bienes muebles por parte de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, que en conjunto contemplan la baja y enajenación de 37 vehículos oficiales que, de acuerdo con la dependencia, se encuentran en desuso por altos costos de mantenimiento o por haber concluido su vida útil.
La primera de las solicitudes plantea la autorización legislativa para la desincorporación, desafectación contable y enajenación de 31 vehículos, entre los que se incluyen camionetas, automóviles, motocicletas y ambulancias con modelos que van de 1997 a 2013.
De acuerdo con la exposición de motivos, estas unidades dejaron de ser funcionales para la prestación de servicios públicos debido al deterioro mecánico y al elevado costo que representaría su rehabilitación.
Estos vehículos se encuentran actualmente concentrados en distintas instalaciones del sector salud, como el Centro de Salud Villa Cactus, el Hospital General de Matehuala, el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, el Hospital del Niño y la Mujer, así como en diversas jurisdicciones sanitarias del estado, bajo resguardo administrativo mientras se resuelve el trámite legislativo correspondiente.
De manera paralela, el Congreso también recibió una segunda iniciativa mediante la cual se solicita autorización para la desincorporación de seis vehículos adicionales, principalmente ambulancias y unidades antiguas, que ya cumplieron su vida útil. En este caso, la dependencia argumenta que las unidades no sólo dejaron de ser operativas, sino que además ocupan espacios físicos en centros de salud con capacidad limitada, como el propio Centro de Salud Villa Cactus, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Ambas solicitudes incluyen dictámenes técnicos, avalúos periciales, certificaciones de inexistencia de valor histórico o patrimonial y la autorización previa de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud, como lo exige la Ley de Bienes del Estado y Municipios. En los dos casos, se propone que la enajenación se realice mediante subasta pública, garantizando que el precio de venta no sea inferior al valor determinado por peritos autorizados.
De aprobarse estas iniciativas, los recursos obtenidos por la venta de las unidades deberán destinarse a necesidades y prioridades institucionales del sector salud, conforme a lo establecido en los proyectos de decreto turnados al Poder Legislativo.
Las solicitudes se encuentran ahora en análisis en la comisión de desarrollo territorial sustentable, que deberá determinar si autoriza la desincorporación conforme al marco constitucional y legal vigente.
En el último año legislativo, el Congreso del Estado ha recibido y procesado múltiples solicitudes de desincorporación de bienes muebles, principalmente vehículos oficiales en desuso provenientes de dependencias del sector salud. Se han planteado al menos 80 unidades entre automóviles, camionetas y ambulancias para su baja patrimonial y eventual enajenación mediante subasta pública, bajo el argumento de que concluyeron su vida útil, presentan deterioro mecánico o generan costos de mantenimiento incosteables.
