Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí someterá a votación este martes un dictamen para tipificar como delito la violencia vicaria, una forma de agresión que, de acuerdo con la definición establecida en el documento legislativo, ocurre cuando una persona causa daño a su expareja al utilizar a sus hijas o hijos, generando también en ellos afectaciones físicas o psicoemocionales.
Aunque la propuesta de adicionar un nuevo capítulo al título sexto relativo a los “Delitos contra la Familia”, para quedar como capítulo VIll denominado “Violencia Vicaria”, así como el artículo 207 Ter, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, resulta de la propuesta presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Roxana Hernández Ramírez, el dictamen ha generado inconformidad entre representantes de colectivos que han impulsado esta legislación desde hace años, al considerar que el documento final no toma en cuenta las iniciativas ciudadanas originales y fue procesado sin la participación de víctimas organizadas.
Carla Ress, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en San Luis Potosí, reconoció que el dictamen omite las propuestas que habían sido elaboradas e integradas previamente por la exdiputada Gabriela Martínez Lárraga, así como por la ciudadana Isabela Lastras. Aunque el dictamen menciona esta última iniciativa, no refleja ninguno de sus planteamientos sustantivos.
A pesar de las omisiones y ambigüedades en el dictamen, tanto Carla Ress como la cofundadora del Frente Nacional, Jennifer Seifert, reconocen que aprobar la reforma representa un primer paso necesario para visibilizar y sancionar esta forma de violencia.
Coinciden en que, aunque la propuesta no es ideal y aún requiere ajustes, establecer por primera vez la tipificación del delito en la legislación local permitirá sentar un precedente jurídico que habilite futuras reformas más completas y con enfoque de género.
“Sabemos y estamos enteradas que no viene bien del todo. Lo que no queremos es que se caiga la iniciativa, porque para volverla a subir está supercomplicado”, afirmó Ress.
No obstante, la activista lamentó que la sociedad civil organizada, conformada en su mayoría por mujeres víctimas de este tipo de violencia, no haya sido tomada en cuenta durante el proceso legislativo más reciente, a pesar de haber impulsado desde 2022 la visibilización del problema.
Afirmó que si bien han buscado el diálogo con la diputada Hernández, no todas las decisiones han sido claras ni consensuadas con los colectivos. Sin embargo, en los últimos días la cofundadora del Frente Nacional mantuvo contacto directo con la diputada Roxana Hernández y su equipo legislativo, con el objetivo de subsanar algunas omisiones mediante la presentación de reservas durante la discusión en el Pleno, pero permanecieron deficiencias.
Uno de los principales cuestionamientos al dictamen es que no establece con claridad que la violencia vicaria es una forma de violencia de género ejercida principalmente contra mujeres, lo cual según el Frente representa un retroceso respecto a los estándares que se han fijado en otros estados o en instrumentos internacionales.
“Lo maneja de manera general y no lo precisa tal cual como una violencia contra las mujeres, como se tenía el plan desde un inicio, que sí viene mal y que eso es lo que se va a tratar al menos hasta el día viernes”, explicó la activista Carla Ress al indicar que será en próximos días cuando vuelvan a tener un acercamiento con diputados y diputadas para tratar el tema.
De aprobarse en sus términos, el dictamen establecerá penas de dos a ocho años de prisión, así como sanciones económicas, pérdida de la patria potestad, custodia, derechos hereditarios y pensión alimenticia para quien cometa el delito de violencia vicaria. También se contempla la participación obligatoria en servicios reeducativos y tratamiento psicológico.
No obstante, el Frente Nacional anticipa que, de no corregirse las ambigüedades del dictamen mediante reservas o enmiendas posteriores, se evaluará la posibilidad de solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No nos vamos a esperar al 2050 a que salga a nivel nacional la iniciativa (…) Hoy por hoy sigo apoyando a muchísimas mujeres para que esta violencia se termine, se erradique. Vamos a dejar que las cosas fluyan (…) pero como les digo yo, no nos vamos a quedar calladas”.
Las mujeres que enfrentan violencia vicaria no solo son despojadas del contacto con sus hijas e hijos, sino que además muchas veces son revictimizadas por el sistema judicial; enfrentan campañas de desprestigio, amenazas y, en algunos casos, incluso han sido ingresadas a centros de rehabilitación contra su voluntad como forma de castigo o control.
Diversas víctimas han documentado como los agresores manipulan a los menores para que declaren en su contra o los utilizan como medio de extorsión emocional y legal, impidiéndoles ejercer una maternidad libre y segura.
En muchos casos, los niños y niñas terminan viviendo no con sus padres, sino con nuevas parejas o familiares ajenos al entorno materno, en contextos donde prevalecen la confusión, el miedo y la falta de protección institucional.
“No estamos en contra de los hombres, estamos en contra de los papás violentadores que violentan a las mamás a través de sus hijos”, expresó Ress, quien insistió en la urgencia de capacitar a ministerios públicos, jueces y autoridades involucradas en los procesos judiciales, ante los constantes actos de revictimización y omisiones institucionales que enfrentan las mujeres.
Desde febrero de 2024, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí, incluyendo la definición de violencia vicaria por considerarla una herramienta necesaria para combatir la violencia contra las mujeres.
Derivado de la acción de inconstitucionalidad 163/2022, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, quienes demandaban la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Periódico Oficial el 8 de noviembre de 2022, argumentado que la ley era discriminatoria por no considerar a los hombres como víctimas de violencia vicaria.
