Fernanda Durán
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, defendió el sistema de pensiones de la institución ante la propuesta del diputado Héctor Serrano Cortés de incorporar a la universidad al nuevo esquema planteado en la reforma en la materia, al asegurar que el modelo actual ha dado resultados y cuenta con reconocimiento a nivel federal.
“Nosotros tenemos un sistema de pensiones que a nivel de la Secretaría de Educación Pública ha sido considerado muy bueno”.
El rector explicó que, desde su llegada, la universidad ha realizado ajustes al esquema de retiro con el objetivo de mantener su viabilidad financiera.
“Hemos tenido cuatro modificaciones a nuestro sistema de pensiones. Desde el 2021-2022 están topadas las pensiones”.
En ese sentido, subrayó que los cambios han sido resultado de negociaciones internas con trabajadores y académicos, y que el modelo actual combina aportaciones institucionales y del propio personal, lo que ha permitido mantener un sistema “sano” y avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Zermeño también advirtió sobre los límites legales de la reforma, particularmente en lo referente a su posible aplicación retroactiva.
“Entiendo que las leyes no son retroactivas y que lo que están recibiendo los rectores en su momento era lo correcto”, señaló, al considerar que modificar pensiones ya otorgadas podría derivar en litigios.
Además, cuestionó el origen de las críticas hacia la universidad.
“Hay que tomar las cosas de quien viene. Que yo sepa, él no es egresado de nuestra universidad, es más creo que no es ni potosino”, expresó en referencia a los señalamientos del diputado Héctor Serrano.
Del lado del Congreso, el diputado Carlos Arreola Mallol adelantó que se trabaja en una reforma a nivel estatal para garantizar la aplicación del nuevo criterio constitucional, que podría incluir a la UASLP, al sostener que la medida busca frenar excesos en el uso de recursos públicos.
“Cuando hay reforma constitucional puede modificar situaciones previamente ya resueltas por la justicia”, afirmó, al defender la posibilidad de que el nuevo marco tenga efectos sobre esquemas existentes.
El legislador insistió en que no se trata de eliminar derechos, sino de establecer límites.
“No se le niegan los derechos a nadie (…) hay que establecer máximos y mínimos para que el pueblo no le esté pagando a los efectos de la corrupción”, dijo, “eso claro que aplica también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”.
De igual forma, Arreola cuestionó la falta de información sobre el costo de estas prestaciones en la universidad.
“Yo quisiera primero saber cuántas pensiones y cuánto nos cuestan a las potosinas y a los potosinos los exrectores”.
En su posicionamiento, el diputado planteó que la reforma responde a una lógica de reordenamiento del gasto público y de priorización del bienestar estudiantil, al advertir que este tipo de esquemas han limitado recursos para nuevas generaciones.
Asimismo, sostuvo que la autonomía universitaria no puede ser utilizada como un argumento para evadir la aplicación de la Constitución ni siquiera ampararse, por lo que al tratarse de una reforma constitucional, su alcance es superior a disposiciones previas, pues “cuando hay reforma constitucional puede modificar situaciones previamente ya resueltas por la justicia”.
El legislador adelantó que, una vez que la reforma sea declarada válida a nivel nacional, su aplicación comenzaría en el siguiente ejercicio fiscal, aunque paralelamente se buscará armonizar la legislación local para evitar interpretaciones ambiguas.
