Estela Ambriz Delgado
Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, de las etnias nahua y tének manifestaron su preocupación y rechazo a la reactivación del fracking en cuencas como la de Burgos y Tampico-Misantla en la zona Huasteca del país, ante la reiteración del Gobierno Federal del análisis de la implementación de esta técnica con enfoque “sostenible”.
Luego de las las declaraciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en las que dijo que ante el incremento de importación de gas es necesario analizar nuevas tecnologías de fracking con bajo impacto ambiental, Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vásquez Bautista, representantes nahua, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, representantes tének, hicieron un pronunciamiento sobre el tema.
La mandataria afirmó que hay nuevas tecnologías que abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, y que no se usen químicos tan potentes que son difíciles de reciclar, así como que “hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional.
Sin embargo, los consejeros mostraron su oposición, además de dar diversos argumentos para ello, como la invalidez jurídica por extemporaneidad en la consulta a pueblos y comunidades indígenas directamente afectadas.
Detallaron que ningún plan energético, incluido el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, puede pasar por encima del artículo 2 constitucional y el Convenio 169 de la OIT.
“Advertimos que cualquier intento de implementar el fracking en territorios indígenas sin una consulta previa, libre e informada nace con un vicio de origen. La consulta debió ser previa al diseño del proyecto, no un trámite administrativo posterior para validar decisiones centralistas. Las comunidades de la Huasteca manifestamos que no damos consentimiento alguno a este proceso injusto e inhumano”.
Además, puntualizaron que el discurso oficial apela a la “soberanía nacional” para encubrir el uso de la fracturación hidráulica; no obstante, las comunidades sostienen que la verdadera soberanía reside en la tierra, el agua, el medio ambiente y su biodiversidad.
En este sentido destacaron que la técnica devastadora requiere millones de litros de agua dulce por pozo, que serán extraídos de acuíferos vitales para el consumo humano y la actividad agropecuaria.
“No hay soberanía posible si sacrificamos la salud de nuestra población por una fuente de energía finita y contaminante”.
Asimismo, las y los consejeros nacionales aseguraron que el “fracking ecológico” es una falacia, una narrativa que se pretende construir con supuestos “expertos”, para convencer de una falsa fracturación hidráulica ecológica y no dañina.
“Esto es un insulto a la inteligencia de las y los mexicanos: no existe forma de que la exploración de gas y petróleo en lutitas sea una actividad limpia. La inyección de químicos y la liberación de metano son realidades técnicas innegables”.
Además, consideraron que insistir en el gas de esquisto mientras el mundo transita hacia energías renovables es un error estratégico y financiero, pues es más rentable para la nación invertir en eficiencia energética y fuentes limpias, que comprometer el presupuesto nacional en una tecnología que el mundo desarrollado está prohibiendo por sus efectos nocivos.
De igual forma, alertaron sobre el riesgo latente de extender estas prácticas en la Cuenca Tampico-Misantla, aunque por ahora la narrativa se concentre hoy en la Cuenca de Burgos, región que por su densidad poblacional y su compleja red hidrológica, sufriría daños irreversibles.
Por ello, exigieron la aplicación estricta del principio de precaución: ante la falta de certeza científica sobre la seguridad del fracking, el Estado tiene la obligación constitucional de abstenerse de su ejecución.
Finalmente, hicieron un llamado respetuoso a la presidenta y a las cámaras legislativas para que reconozcan que el desarrollo no debe significar la fractura del tejido social de las comunidades indígenas y rurales. Además de que exigieron una ley que prohíba explícitamente la fracturación hidráulica en todo el territorio nacional, priorizando la integridad del ciclo del agua, la biodiversidad y los derechos de los pueblos por encima de los intereses extractivos.
