Estela Ambriz Delgado
En el marco del 4º Foro “No al Fracking, en defensa del territorio, el agua y la vida”, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, exigen a las y los diputados locales que la defensa frente a la técnica devastadora se muestre en la legislación, se hagan las armonizaciones necesarias tras la reforma al artículo 2 constitucional, así como las consultas pendientes, pues desde 2020, tres municipios piden cambiar del sistema de partidos al de usos y costumbres.
En su intervención dentro del evento, el consejero tének Marcos Alejo Torres cuestionó la ausencia de legisladores y autoridades, pues sólo asistieron la diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua; Carlos Arreola Mallol y Gabriela López Torres, así como el director de la representación local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Destacó la ausencia del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), así como del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El consejero resaltó que los pueblos indígenas han subsistido a pesar de las adversidades y están dispuestos a seguir, por ello es que les piden a las autoridades que desde su trinchera hagan lo que les corresponde, porque ellos hacen lo propio para defender sus territorios y el agua, sin dinero del erario público, con sus recursos propios.
Posteriormente, dirigió un mensaje en tenek y continuó en español con un recuento de las decisiones gubernamentales que han llevado a la conformación de esta lucha.
Afirmó que no los convencerán con el argumento del “fracking sustentable”, porque la subsistencia de las comunidades depende del recurso hídrico, pues sus ancestros se asentaron cerca de las fuentes de agua porque sabían que es la vida.
En este sentido, reiteró que a pesar de que se le da más valor al dinero, para las comunidades lo que vale es la vida y el agua, por lo que harán todo lo necesario para evitar que se aplique la fracturación hidráulica e invitó a sus compañeros indígenas a valerse de su autonomía y fijar su postura, además de dirigir un mensaje a las y los legisladores.
“Hay que armonizar las leyes (…) lo que queremos son acciones, no discursos, de discursos estamos hartos, queremos ver acciones, lo que está en sus manos háganlo, no vayan a llevar a las comunidades cobijas (…), pero sí acciones legislativas, y nosotros con gusto vamos a votar con o sin despensas”.
Cerró su participación mencionando que ojalá el comité de expertos anunciado por el Gobierno Federal no sea una farsa, y cuando se tome la decisión sea a favor del pueblo, no de las industrias estadounidenses, ni por presión de estas.
Por su parte, la consejera Hermelinda Vásquez Bautista, inició su intervención en náhuatl y dijo que lo hizo así para demostrar a quienes no entienden la lengua, como es que se sienten cuando se les habla con lenguaje técnico, y cuando quieren conocer las leyes del estado no se encuentran traducidas.
“Estamos aquí porque no vamos a permitir que la fractura se implemente en la Huasteca, porque nosotros amamos nuestra tierra y nos hemos organizado para que no llegue a nuestras comunidades, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos”.
Puntualizó que han realizado reuniones para sensibilizar a sus autoridades comunitarias, agrarias y civiles, previendo que quieran llegar a convencerlos de permitir la devastadora técnica.
Señaló a los legisladores que, así como fueron a sus comunidades a pedir el voto y confiaron en ellos, hoy les piden que demuestren el apoyo respaldando el exhorto para que el Congreso de la Unión discuta y apruebe la iniciativa de prohibición del fracking.
Asimismo, mencionó que hace un año se hizo la reforma del articulo 2 donde se establece que son sujetos de derecho a nivel federal, y en el estado desde hace más de 20 años; sin embargo, no se ha aplicado porque solo quedó en papel.
“Estamos esperando que los diputados armonicen nuestras leyes y no lo han hecho”.
La consejera Cenorina Bernal Fernández, retomó el tema de la reforma al artículo 2 constitucional en el que se reconocen varios derechos indígenas a favor de las comunidades, para señalar la omisión del Congreso del Estado de armonizar las leyes correspondientes, dado que el decreto estableció un término de 180 días.
Dado que el término se excedió, a mediados de febrero las y los consejeros interpusieron una demanda contra el Legislativo local por esta omisión, que consideran es discriminatorio hacia las comunidades indígenas, al no legislar sobre esos derechos que ya están reconocidos a nivel nacional como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Agregó que no sólo es esta omisión legislativa, pues desde el 2020 hay tres municipios con mayoría indígena que solicitan transitar del sistema de partidos políticos al de usos y costumbres, y hasta la fecha Congreso del Estado no ha realizado estas consultas, a pesar de que tiene sentencias a su favor, en donde se reconoce que sí es posible que las comunidades se autogobiernen.
“También estamos sufriendo este acto discriminatorio. Y ahorita como comunidades indígenas, ya como cuarto nivel de gobierno, nosotros vamos a seguir impugnando y presentando más demandas hasta que se materialicen estos derechos que ya tenemos reconocidos”.
Bernal Fernández correlacionó lo anterior con el tema de la fracturación hidráulica, así como otras amenazas al medio ambiente, recursos naturales y la salud humana, que pudieran presentarse, pues dentro de sus sistemas normativos todas las decisiones que toman son legítimas, por lo que la transición a su sistema de usos y costumbres sería un blindaje para la protección de sus territorios.
Esto ya que observan que el sistema de partidos políticos no es confiable, y en este caso que implica la defensa del territorio, tendrán la preocupación de que algún ayuntamiento de cierto color tome decisiones que vayan en contra de la voluntad de las asambleas o les exija alinearse a sus intereses partidistas.
“Con nuestro autogobierno, con nuestros sistemas normativos, tenemos esa legitimidad que nuestros representantes de verdad van a defender nuestras tierras, los recursos naturales, ante esos proyectos que dañan el agua, la vida, nuestra salud. Vamos a seguir manteniendo informadas a las comunidades, vamos a seguir levantando actas, igualmente la movilización; seguiremos con los juicios ante los tribunales, y pues mantenemos nuestra postura de no al fracking”.
Por su parte, Edith Cruz Santos Gómez, representante a las comunidades tének, del municipio de San Antonio y quien está a cargo de la Comisión Temporal de Inclusión, señaló que el estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas en el tema de la defensa de los derechos político-electorales.
Precisó que es necesario dimensionar las cosas más allá de un impacto ambiental y social, e inclusive de la salud, pues aunque en el discurso suena bien el mensaje de que este es un gobierno para el pueblo, materialmente no se siente ese respaldo.
Asimismo, cuestionó la ausencia de la diputada a cargo de la Comisión de Asuntos Indígenas, Brisseire Sánchez López, el integrante de la misma, Marcelino Rivera Hernández; así como otros que representan a la zona Huasteca y los que pertenecen al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); por el contrario, reconoció la labor de Jeanine García.
Por otra parte, indicó que es necesario agregar a todas las aristas de la fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos, el tema de la seguridad debido a que en el país los focos rojos de violencia se encuentran donde están las petroleras, las mineras, las aguacateras, entre otros, donde circula el dinero del comercio.
Reiteró que no se siente respaldada porque han sido atacados y hostigados por parte de INPI y hasta de personal de la Secretaría del Bienestar, como lo son los servidores de la nación, quienes “los satanizan” y al decirles que todo su discurso es mentira.
