Fernanda Durán
Al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado acumuló 281 iniciativas turnadas, de las cuales 165 siguen en estudio, es decir, 58.7 por ciento no han sido dictaminadas.
Aunque cuentan con 27 comisiones legislativas y un cuerpo de asesores que representa una erogación mensual superior a los 4 millones de pesos, según la organización Ciudadanos Observando, el avance real es de 116 iniciativas procesadas.
Frente a este panorama, especialistas y representantes de organizaciones civiles señalaron que el Congreso repite los argumentos de legislaturas anteriores para justificar su bajo desempeño y que el rezago no es consecuencia de la obligatoriedad de realizar consultas ciudadanas, sino de la falta de voluntad política, planeación y mecanismos institucionales claros para ejecutarlas.
José Guadalupe González Covarrubias, representante de la organización Ciudadanos Observando, afirmó que “cada legislatura parece que tiene el mismo pretexto”, ya que desde hace cuatro legislaturas las y los diputados han recurrido al argumento de la falta de recursos, pero “lo que les falta es vergüenza, organización, responsabilidad y que realmente trabajen de manera coordinada y ordenada”.
Asimismo, considera que el Congreso no enfrenta una carencia técnica, sino una estructura saturada de personal de confianza que no aporta al trabajo legislativo.
“Tienen el Congreso relleno de cargamaletas, de gente a la que le están pagando favores políticos. Faltan verdaderos asesores que ayuden a analizar iniciativas con sustancia, no que llenen la agenda de reformas ociosas”.
Criticó también el trabajo deficiente en comisiones, especialmente ahora que se permite la asistencia remota, pues esto ha derivado en una falta de profesionalismo y abandono de responsabilidades.
“No se han hecho programas para abatir el rezago legislativo. Estos diputados llegan prometiendo ser distintos, y en poco tiempo terminan usando los mismos argumentos, los mismos pretextos”.
Desde la perspectiva de los colectivos en movilidad, Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando SLP, quienes han promovido la llamada Ley Santi, consideró que “culpar a las consultas es no entender su función ni su importancia”.
Recordó que las consultas a personas con discapacidad son un derecho legalmente reconocido, no un trámite opcional, por lo que “el rezago no lo provocan las consultas, sino la falta de estructura, de planeación, incluso de voluntad política dentro del Congreso para cumplir con este deber”.
En el caso de la ley de movilidad que han impulsado, sostuvo que la consulta no es un obstáculo, sino una herramienta necesaria para garantizar que la inclusión de personas con discapacidad sea real y efectiva, pues actualmente debería existir ya un sistema claro, accesible y sistematizado para realizar estas consultas sin que tengan que ser exigidas vía amparo.
“Será con consulta o no será, porque no hay inclusión real sin participación”, concluyó.
Por su parte, Isis Libertad Lara, presidenta de la organización Libertad Cerebral, señaló que la falta de consulta y el rezago legislativo comprometen no solo derechos, sino vidas.
Esto debido a que hace dos años presentaron una iniciativa para garantizar el diagnóstico temprano y oportuno en niñas y mujeres con autismo, misma que fue aprobada por tres comisiones, pero permanece congelada por falta de consulta ciudadana.
“Es increíble porque está comprometida la vida misma de estas niñas y mujeres autistas al no tener acceso a este diagnóstico temprano y oportuno caen en riesgo suicida en comparación con los varones que tienen en los primeros años de vida este diagnóstico. Las niñas y mujeres muchas veces hasta a partir de los 18 años de edad tienen derecho a esto”.
Lara enfatizó que el problema no solo es la ausencia de consulta, sino que cuando se realizan, se hacen sin criterios adecuados y sin participación real de personas con discapacidad.
“Están dando vueltas en el círculo, porque no nos están haciendo partícipes de esto y luego lo que vuelve a pasar es que se realiza una consulta como la vez pasada es un recurso perdido porque no está bien hecha la consulta, como en el tema del braille, que no lo podían leer porque no estaba bien hecho, porque ese formato no estaba bien ajustado; y son ejercicios nulos porque son inconstitucionales, porque no están tomando en cuenta verdaderamente a las personas que se tienen que consultar”.
La activista consideró urgente que el Congreso abra convocatorias formales y transparentes para incluir a especialistas con discapacidad que puedan diseñar, ejecutar y validar los procesos de consulta desde la primera persona.
Aunque aseguró que existe voluntad por parte de algunos diputados y diputadas, han percibido un trabajo lento; sin un cronograma definido, sin convocatorias públicas ni ajustes razonables en los formatos, las consultas seguirán postergándose.
“Es importante que se realice una buena propuesta. Sería realizar una convocatoria para que participen los especialistas que tienen alguna condición, que puedan tener mesas de trabajo que puedan tener este diálogo y se realice una escucha activa por parte del Congreso”.
Añadió que el Congreso pierde la oportunidad de ser pionero en un modelo de participación que incluya de manera efectiva a las personas con discapacidad, que podría ser replicable en otros estados.
Libertad Lara destacó que existen múltiples colectivos y personas con discapacidad que no solo podrían participar en las consultas ciudadanas, sino que cuentan con el conocimiento técnico y la experiencia directa para contribuir activamente en su diseño y ejecución.
“Esta legislatura, este gobierno, están en un momento determinante en poder ser pionero y generar un formato que pueda ser ejemplo, y armonizado en los demás estados, en permitir la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de políticas públicas dentro del legislativo”.
Entre los colectivos mencionó a la comunidad Libertad Cerebral, Juntos A.C., el colectivo de adultos autistas Serendipia, el Centro Down Potosino y personas con discapacidad visual que, además de vivir la condición, son especialistas, docentes y profesionales en diversas áreas.
Finalmente, advirtió que muchas de las decisiones legislativas pendientes en materia de discapacidad no pueden esperar.
“No tenemos un representante dentro del curul, ahí no tenemos un representante dentro del legislativo que viva una condición que esperemos que en un futuro pueda ser esto real (…), pero ellos necesitan conocer la discapacidad en primera persona para moverse, actuar y darse cuenta que están comprometiendo la vida y que hay decisiones que no pueden esperar que son prioridad”.
