Estela Ambriz Delgado
La inconformidad de las comunidades indígenas de la Huasteca Potosina crece ante las constantes acciones de empleados de la Secretaría del Bienestar, quienes violentan la autonomía de las asambleas comunitarias, así como por la justificación que pretenden darles del recorte al presupuesto que ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, ahora en la comunidad tének de Tamarindo, en el municipio de Tancanhuitz.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), informó que el pasado 7 de mayo se suscitó un episodio más de tensión y molestia durante la asamblea para designar los comités de administración y vigilancia del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) en Tamarindo, debido a acciones de los servidores de la nación.
Relató que a pesar de que el comisariado de la comunidad indicó a sus secretarios que levantaran el registro de la asistencia, una servidora de la nación desconoció las indicaciones del comisariado y comenzó a levantar paralelamente otra lista de asistencia, lo que molestó a las y los asistentes y fue cuestionado, pues no se pidió autorización alguna para llevarlo a cabo.
Ante la situación, el comisariado intervino y le pidió a la mujer que dejara de levantar esa lista, lo que llevó a que esta se molestara y más adelante se negara a dar su nombre y firmar la lista de asistencia de la asamblea, aunque al final de la reunión cuando terminó la intromisión, se registró.
Por otra parte, indicó que cuando Antonio Barrios, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tancanhuitz, citó el monto de presupuesto para la comunidad de Tamarindo la asamblea se le fue encima, pues se les dio una cantidad menor a los que inicialmente se había publicado en el DOF, con un recorte de 42 mil 027 pesos.
Aunque Antonio Barrios justificó el recorte con el comentario de que es una redistribución porque faltaban comunidades por agregar, pues inicialmente no estaban consideradas.
Esto no dejó conformes a los asistentes, por lo que el comisariado increpó tanto a INPI como a Bienestar, ya que no es culpa de la comunidad que las instituciones no hicieran bien su trabajo y no hayan tomado en cuenta a todas desde un inicio.
“No hay justificación, bien pudieron reducirle al presupuesto del Gobierno del Estado y al del municipio, y más a este último que tiene el 79 por ciento del presupuesto del FAIS, pero, claro como ellos iban a respingar, mejor decidieron quitarles a las comunidades, como están acostumbrados a que a las comunidades las pisotean, las discriminan. Su distribución olvida y no cumple con los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.
El activista puntualizó que finalmente la asamblea general comunitaria exigió respeto a sus derechos, recurrirían a todas las instancias a su alcance para defender sus derechos humanos e indígenas y su presupuesto, y a las autoridades no les quedó más que ratificar a sus comités, que quedaron integrados con paridad de género, y tomarles protesta.
