María Ruiz
Entre enero de 2018 y el primer semestre de 2026, la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha dado seguimiento a procedimientos de responsabilidad administrativa que se fueron acumulando y que, con la llegada de las actuales administraciones municipales, fueron retomados para su desahogo.
La titular del órgano de control, Gabriela López y López, señaló que al corte del primer semestre de 2026 se contabilizan 420 sanciones firmes. Como antecedente, explicó que antes de la llegada de la actual administración, la última sanción que aparecía registrada en el libro de la Contraloría correspondía a enero de 2018.
“Nosotros llegamos a retomar muchos asuntos que venían y llegamos a pues aplicar como es la Ley de Responsabilidades”, señaló.
El dato comprende procedimientos que han sido atendidos por la Contraloría durante los últimos años, incluidos asuntos que venían de periodos anteriores y que fueron retomados durante la administración municipal 2021-2024 y continuaron bajo la actual administración 2024-2027.
Las sanciones contemplan distintas medidas. López y López explicó que existen amonestaciones privadas y públicas, así como inhabilitaciones por diferentes periodos. En estos últimos casos, la persona sancionada puede quedar impedida para trabajar en el servicio público, ser contratada o recibir recursos públicos durante el tiempo establecido.
La funcionaria no contaba durante la entrevista con el desglose de las 420 sanciones por tipo, ni con el número de servidores públicos que han sido separados definitivamente del servicio como consecuencia de estos procedimientos.
“Pero sí tenemos en esa vertiente, tenemos a personas que han sido amonestadas privada, amonestación pública, tenemos a personas que han sido inhabilitadas por diversos periodos”, indicó.
Las quejas contra servidores públicos llegan a la Contraloría a través de la Contraloría Social y de los buzones instalados en diferentes inmuebles municipales. Cuando se trata de asuntos que pueden constituir una responsabilidad administrativa, son canalizados a la Unidad Investigadora.
Si la investigación encuentra elementos suficientes, el procedimiento continúa en la Unidad Sustanciadora, donde se desahoga y posteriormente se determina lo correspondiente.
López y López tampoco precisó qué área del Ayuntamiento concentra el mayor número de quejas, pues señaló que no quería direccionar la información hacia una dependencia específica.
