Estela Ambriz Delgado
Aunque el comisariado de bienes comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito convocó nuevamente a asamblea el próximo 1 de octubre para hacer diversos acuerdos con empresarios sobre temas como el Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, Circuito Potosí, y la Vía Alterna, no podrá realizarse por incumplir los tiempos establecidos en la Ley Agraria.
Los comuneros que piden la remoción del actual comisariado, indicaron que la asamblea pospuesta por falta de quórum el pasado 24 de septiembre no se podrá llevar a cabo porque la Ley Agraria establece que para celebrar una segunda convocatoria es necesario un término de ocho días entre la no celebrada y la convocada.
Al contabilizar los días entre la asamblea no celebrada por falta de quórum el pasado domingo y el 1 de octubre, suman solamente siete días, y al respecto, el artículo 25 de la Ley Agraria establece en su último párrafo:
“Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria”.
La comunera María Amelia Pérez Campos consideró que la asamblea está viciada de nulidad absoluta y no se podrá llevar a cabo nuevamente, por lo que ya se puso del conocimiento al titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón, entre otros funcionarios del Gobierno Federal.
Noé de la Rosa Bravo señaló que los empresarios y el Gobierno estatal están desesperados por realizar esta asamblea, y que la situación se ha complicado para los fraccionadores a tal grado que se habla sobre una posible destitución del actual presidente del consejo de administración de la empresa Espacios en el Horizonte.
“Es tan complicada la cuestión para los fraccionadores que ya quieren destituir esta semana al presidente de Espacios en el Horizonte, y en su lugar poner al señor ese de Monterrey, Alejandro Tamayo, que nos ha buscado a los que nos oponemos, al comisariado Andrés Cruz Campos para negociar”, expresó el comunero.
De nueva cuenta el orden del día de la segunda convocatoria contiene un acuerdo para apoyar a los empresarios y abogados en una demanda contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el decreto del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito.
Además de la aprobación de un convenio sobre el pago del bulevar Rocha Cordero hoy Circuito Potosí, con recursos privados, así como abordar el tema de la Vía alterna.
