Fernanda Durán
Las figuras de coordinación utilizadas por los partidos políticos para promover anticipadamente a sus posibles candidaturas no constituyen necesariamente un delito electoral, aunque operan en los límites de la legislación y distorsionan la competencia al otorgar mayor exposición pública a determinados perfiles, advirtió Juan Mario Solís Delgadillo, especialista en Gobierno y Políticas Públicas e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
“Si hablamos de delito electoral como tal, como tal, no sería un delito electoral, aunque sí está en el límite de lo legal y lo ilegal”.
El académico explicó que estas actividades no operan formalmente como campañas ni sus participantes se identifican como precandidatos. La figura de las coordinaciones permite anticipar recorridos, reuniones y eventos públicos sin catalogarlos como actos proselitistas.
Solís Delgadillo atribuyó la consolidación de este modelo a la forma de hacer política de Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como un dirigente en campaña permanente y dispuesto a moverse en los límites de la legislación. Asimismo, señaló que Morena fue estructurado en torno a su liderazgo y que, por ende, replicó esas prácticas en sus procesos internos.
“No podemos pasar por alto que Morena es un partido no sólo que fue creado por Andrés Manuel López Obrador, sino que es un partido hecho a su imagen y semejanza. Él es el principio y él es el final del partido”.
Desde su perspectiva, el principal efecto de esta estrategia radica en la posibilidad de construir un vínculo emocional entre las personas aspirantes y el electorado antes de iniciar formalmente la contienda.
Solís Delgadillo indicó que las decisiones electorales no suelen basarse exclusivamente en programas o propuestas:
“El votante por lo general se guía por sus emociones. Y aunque cualquier persona diga, no, yo no me guío por sus emociones en una elección, en el fondo la gente se guía por sus emociones”.
El investigador consideró que esta promoción prioriza colocar rostros, nombres e historias personales en el ánimo de la ciudadanía por encima de proyectos de gobierno desarrollados.
“No te están vendiendo ideas, no te están vendiendo un proyecto de país, o un proyecto de ciudad, o un proyecto de estado. No, no te están vendiendo eso. Te están vendiendo emociones, imagen, sentimientos”.
Difícilmente habrá sanciones
A pesar de que diversas fuerzas políticas replican el modelo de las coordinaciones, Solís Delgadillo consideró improbable que las autoridades electorales impongan sanciones mientras estas actividades conserven las características aplicadas anteriormente por Morena.
Afirmó que, tras permitir la promoción de coordinadores sin catalogarlos como precandidatos, resultaría contradictorio sancionar a los partidos opositores por adoptar un esquema similar.
“Ningún partido que siga el modelo de Morena bajo los esquemas generales de cómo lo ha hecho Morena, no tendría por qué recibir ninguna sanción. Si ocurriera, entonces nos daría a pensar otras cosas que me parecerían, cuando menos, muy controvertidas”.
Añadió que la ausencia de sanciones genera incentivos para que más partidos adelanten sus actividades y eviten desventajas frente a sus adversarios en posicionamiento territorial y mediático. Esta dinámica provocó que una práctica cuestionada inicialmente por la oposición termine adoptada por ella misma.
Para el investigador, la falta de una conducta delictiva no elimina la desigualdad derivada de la exposición anticipada.
Sin condiciones para una regulación inmediata
Solís Delgadillo señaló que actualmente no existen las condiciones políticas para establecer controles estrictos sobre estas figuras, pues una reforma legal requeriría una distribución más equilibrada del poder y acuerdos entre fuerzas políticas.
“Con la configuración actual del poder político que tenemos, no. Con la configuración actual, no”.
El académico defendió la relevancia de los gobiernos divididos y congresos sin mayorías dominantes para obligar a la negociación y a la construcción de reglas aceptables para los diferentes sectores.
“Deberíamos de volver a tener un poder más equilibrado y más distribuido entre fuerzas políticas, para que así se garantice también la pluralidad, que a muchos se les olvida que es un valor fundamental de una democracia representativa”.
A su juicio, cuando una sola fuerza política concentra capacidad suficiente para aprobar reformas, disminuyen los incentivos para fijar límites que afecten sus propias estrategias electorales. Tampoco vislumbra una movilización ciudadana capaz de exigir modificaciones inmediatas ante la falta de una crisis de suficiente impacto social.
“Hoy en día yo no veo eso, hoy en día yo no veo eso, y a pesar de que hay muchas situaciones en el país de diversa índole que puedan afectar a los ciudadanos, yo no veo una coyuntura crítica que produzca esto”.
La elección de 2027, una prueba para la oposición
Más allá de los recorridos adelantados, Solís Delgadillo consideró que la elección intermedia de 2027 pondrá a prueba a la oposición, la cual deberá motivar una mayor participación ciudadana para modificar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, dado que las elecciones intermedias suelen registrar una participación menor.
Explicó que la estrategia opositora busca conformar un bloque legislativo capaz de limitar la aprobación automática de iniciativas gubernamentales.
“Cambiar esa configuración que les permita ponerle un bloque opositor importante para que el gobierno y sus aliados no puedan seguir pasando leyes como si fuera una oficialía de partes nada más”.
