Por Victoriano Martínez
“Lo que hay este fin de semana es una asamblea ejidal, y está pendiente ahí el procurador agrario para ver en qué condiciones está esta asamblea, y que se realice el impacto ambiental adecuado para ver si tiene autorización o no”, le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al periodista Julio Hernández López durante la Mañanera del Pueblo de este viernes sobre el caso Corcovada.
Y agregó: “Vamos a pedirle a la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, que entre en contacto con el gobierno del estado; y también a Edna Vega, de Sedatu, que es quien a su cargo está la Procuraduría Agraria, para que pueda entrar en contacto con los ejidatarios y que se revise el proyecto para ver el impacto ambiental que presuntamente pueda tener, y que se vea tanto a nivel estatal como a nivel federal”.
Mañana domingo 18 de mayo, la asamblea ejidal en Corcovada, a la que se llamó en segunda convocatoria para pretender enajenar más de 426 hectáreas para un proyecto empresarial extractivista, marcará un antes y un después en cuanto a la intervención del gobierno federal, por la trascendencia de la determinación que los empresarios pretenden forzar.
Si bien no se logró impedir la asamblea mediante una medida cautelar contra su convocatoria dentro de un juicio agrario, la intención empresarial por apropiarse del territorio con fines de uso y explotación de recursos naturales renovables y no renovables convocó a las dependencias federales del sector agrario y ambiental a poner el foco en lo que ocurre en Corcovada.
Destaca la precisión que hace Sheinbaum Pardo en el sentido de que al Estado le corresponden autorizaciones ambientales para el caso de minas de materiales pétreos, es decir, no ferrosos, en tanto que en el caso de minas de oro, plata, cobre, etcétera, el impacto ambiental, la Manifestación de Impacto Ambiental tiene que ser autorizada por la Semarnat.
Si el proyecto se limita, como han dicho y hasta el gobernador Ricardo Gallardo Cardona oficiosamente ha justificado, a explotación de materiales pétreos que sólo requiere autorización estatal, ¿por qué la empresa ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat que, para colmo, oculta y manipula información?
Desde que en 1992 se dio la contrarreforma agraria, en San Luis Potosí se han registrado procesos de privatización de territorios comunales y ejidales como asociaciones de participación con ejidos y comunidades para desarrollos inmobiliarios, ocupación territorial para establecer parques logísticos industriales, su uso para ejes carreteros y de movilidad, hasta llegar a la apropiación y uso de los recursos naturales, como se pretende en Corcovada.
Todo un proceso privatizador que ha puesto en alerta a la Procuraduría Agraria Nacional, cuyo titular, Víctor Suárez Carrera, ha llamado a “generar alertas territoriales en torno al acaparamiento de parcelas y solares, e impulsar propuestas legales y normativas para cerrarle el paso a los procesos privatizadores”.
La asamblea ejidal en Corcovada de este fin de semana, para la que la presidenta Sheinbaum Pardo dio instrucciones en la Mañanera “para ver en qué condiciones está esta asamblea, y que se realice el impacto ambiental adecuado”, mostrará las primeras acciones del gobierno federal en la atención de este tema.
¿De que forma reaccionará el grupo empresarial para mantener y buscar lograr sus intenciones de apropiarse de más de 426 hectáreas en Corcovada para un banco de materiales que ella misma dice en su MIA que sólo requiere 92?
¿Qué tan a fondo llegarán las medidas que haya dispuesto el gobierno federal para impedir ese acaparamiento de territorio de propiedad social y sus graves consecuencias perjudiciales para los ejidatarios y también para el entorno ambiental de la región?
Corcovada se puede convertir en el prototipo de la forma en que la Cuarta Transformación, hoy encabezada por Sheinbaum Pardo, habrá de enfrentar ese tipo de batallas en defensa de la propiedad social en contra de los abusos y amenazas de despojo por parte de empresarios que anteponen la ganancia sin escrúpulos por encima de la dignidad de ejidatarios y comuneros y hasta del propio medio ambiente.
