Corrupción se ensaña también contra delincuentes

Por Antonio González Vázquez

  • Policías, jueces, MP’S y custodios los corruptos

En San Luis Potosí, 342 personas en prisión han enfrentado actos de corrupción por parte de funcionarios públicos durante todas las etapas relacionadas con su arresto y posterior reclusión. El índice de corrupción fue de 34.2 por ciento el año anterior.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 con el propósito de generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población de 18 años y más, privada legalmente de la libertad como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de un delito.

En ese sentido, hay datos alarmantes en el caso de las autoridades policíacas, de procuración y administración de justicia así como carcelarias.

La tasa por cada mil personas privadas de la libertad víctimas de la corrupción en San Luis Potosí fue de 342. En 257 casos se presentaron hechos de corrupción por parte de elementos de corporaciones policíacas locales durante el proceso del arresto.

Entre tanto, 124 de cada mil fueron víctimas de corrupción al ser presentados ante el Ministerio Público, 60 más fueron víctimas de la corrupción durante el proceso judicial en algún juzgado y 73 más son víctimas de corrupción por parte de funcionarios de las cárceles donde están recluidos.

Por tanto,  el porcentaje de población privada de la libertad  víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión en centros penitenciarios de San Luis Potosí es del 34.2 por ciento.

De acuerdo con el estudio del INEGI,  el 66.4 por ciento de la población en prisión ha realizado un pago a personal penitenciario para exentar el pase de lista, mientras que el 50.2 por ciento ha hecho algún pago para poder contar con aparatos electrónicos en la celda.

El 28.7 por ciento de los reclusos ha pagado mordida pare tener acceso a los alimentos y el 35.7 por ciento para tener agua potable, mientras que el 30.4 por ciento ha dado dinero para tener acceso a un teléfono.

Sorprende el dato de que el 17 por ciento paga mordida al personal de seguridad en las cárceles “por protección”. También, el 23.7 por ciento paga algo para tener acceso a su visita conyugal.

Pero también se da mordida para usar el baño, mingitorios y regaderas, para ir a un juzgado, para ir al locutorio, para tener cama, para salir al patio, para acceder a servicios escolares y hasta para participar en talleres de trabajo.

El informe precisa que el 87.4  por ciento del total de pagos ilegales  para obtener un servicio, beneficio o permiso al interior de las cárceles es para los custodios.

La impunidad en este caso también se completa para cerrar el círculo de la corrupción ya que el 94.2 por ciento de las personas mayores de 18 años privadas de la libertad y víctimas de corrupción, no lo denuncian.

Son tres las razones principales por las cuales un detenido y luego privado de la libertad no denuncia: por temor a represalias, porque la corrupción es una práctica común y porque sería inútil.

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