Corrupción y criminalidad

Por Victoriano Martínez

Cuando el 12 de junio de 2017 el entonces diputado Enrique Flores Flores describió con detalle la forma de operar de los legisladores para limpiar cuentas públicas a cambio de moches, dejó expuesto con crudeza aquello de lo que se tenía noticia sólo como leyendas y qué él bautizó como la operación de una ecuación corrupta.

Diez años antes, cuando el 13 de agosto de 2007 cayó herido de muerte Guillermo Amado Camarena, coordinador de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de la entonces PGR, marcó el inicio de la debacle en materia de seguridad en el Estado, que hasta hoy se mantiene en un creciente índice de criminalidad.

Cada vez se conocen y documentan más hechos de corrupción con tantas variantes y modalidades, que se queda corto el uso de empresas fantasma o simuladoras de las que se habla en prácticamente todo el país, ya que aquí se recurrió incluso a un rebuscado esquema de crear un burócrata fantasma para saquear más de 53 millones de pesos del Ayuntamiento, en lo que llamaron la nómina maestra.

En cuestiones de corrupción, lo fantasmagórico resulta lo recurrente. En la Auditoría Superior del Estado desaparecieron más de 600 mil pesos en una fiesta fantasma, en tanto que los ex diputados tomaron como vía para extraer recursos de las arcas del Congreso del Estado la inexistente entrega de ayudas sociales a beneficiarios que ni se enteraban de que lo eran.

El caso extremo lo protagonizó el entonces diputado Mariano Niño Martínez, quien simuló recibir una carta de agradecimiento de un supuesto beneficiario que había muerto meses antes de la fecha cuando se la envió, con firma incluida.

La lista de corruptelas es larga y la de los funcionarios involucrados, de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, también lo es… y no paran. Ciudadanos Observando presentó ayer una denuncia más ante la Auditoría Superior del Estado por presuntos desvíos de recursos, ahora, en los Servicios de Salud del Estado.

Lo que tampoco para es el alto índice de criminalidad que, a 13 años, vuelve a golpear a la ahora Fiscalía General de la República, y con tantos ejecutados diariamente que prácticamente ya se le toma como algo que es parte de la cotidianidad.

En cuanto a la crisis de la seguridad se habla de una normalización de la violencia de la que se desarrollan incluso indicadores como los que presenta Semáforo Delictivo, en los que el Estado presenta en rojo ocho de 11, en tanto que la capital siete en rojo, como si fuera muy poco lo que se pudiera hacer ante la prevalencia de la criminalidad.

La normalización no sólo se da en materia de criminalidad, sino que son tan frecuentes las denuncias de actos de corrupción y los malos ejemplos de autoridades que no respetan la legalidad, que también ya se ve como normal que los funcionarios públicos actúen de esa manera y que no haya sanciones ni para los criminales ni para los corruptos.

Tanto criminales como corruptos gozan del beneficio de la impunidad, lo que más vale comenzar a dejar de ver como una coincidencia fortuita para identificarla como una complicidad de la que se benefician. En tanto más logren que la ciudadanía vea como normal que unos y otros salgan impunes, más seguros estarán de cometer sus fechorías ante una sociedad rendida a su merced.

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